l actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, quien previamente fungió de juez y condenó a nueve años y medio de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con base en acusaciones de corrupción que han sido criticadas por endebles y poco verosímiles, ha sido puesto en evidencia con la divulgación de mensajes cruzados entre él y el fiscal encargado del caso, Deltan Dallagnol.

En la correspondencia sostenida en el sistema de mensajería Telegram, queda claro que entre ambos existió una sólida colaboración para perjudicar al ex mandatario en las distintas fases de la averiguación y del proceso.

Entre otras cosas, el acusador consultó al ex magistrado sobre la consistencia de las pruebas contra Lula; en tanto, Moro dio indicaciones a Dallagnol sobre cómo debía realizar las investigaciones.

Por añadidura, varios integrantes del equipo de la fiscalía acordaron impedir que el ex mandatario concediera una entrevista periodística ya estando en la cárcel, con el fin de impedir que aumentara la fuerza electoral de su partido, el de los Trabajadores (PT), y de su aspirante a la presidencia, Fernando Haddad. Tales acciones, contrarias a la ley, colocan a Moro como un juez prevaricador.

Un elemento de contexto que no debe soslayarse es que una de las primeras medidas del actual mandatario brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, fue nombrar a Moro ministro de Justicia, con lo que quedó en entredicho la imagen de imparcialidad política que se había construido el antiguo juez.

Ante las revelaciones, publicadas por el portal The Intercept, fundado por Glen Greenwald para difundir los materiales que puso a su disposición el ex agente de Inteligencia estadunidense Edward Snowden, los involucrados no encontraron más argumento que quejarse de espionaje ilegal y de acusar al medio de contrariar una regla básica del periodismo.

Más allá de que la reputación de Moro salga seriamente dañada del episodio, la que está en entredicho es la legitimidad del caso Lava Jato, el megaproceso que llevó a la cárcel a decenas de funcionarios, incluido Lula .

Como se ha señalado en numerosas ocasiones, hay abundantes indicios para asumir que la oligarquía brasileña ha usado el aparato judicial con el fin de destruir el proyecto político del PT, primero mediante un golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff (agosto de 2016) y posteriormente, con la fabricación de un proceso penal contra su antecesor. En otros términos, la justicia brasileña ha alcanzado un nivel de descomposición alarmante.

Si algo queda de salud en el Poder Judicial del gigante sudamericano, Moro y sus presuntos cómplices deben ser investigados por torcer procedimientos penales, y se tiene que ordenar la excarcelación inmediata de Lula, quien según toda evidencia ha sido víctima de un juicio amañado, irregular y fársico.