Concluidos los procesos electorales en seis entidades del país, el Instituto Nacional Electoral procesa actualmente los informes de gastos de campaña de 830 candidatos que contendieron por 148 cargos de elección popular. De acuerdo con el informe de la Unidad de Fiscalización, el monto global sujeto a revisión asciende a 458 millones de pesos que se reportaron como ingresos a partidos y candidatos, así como operaciones de gastos por una suma de 456 millones de pesos.

De acuerdo con el balance que dio a conocer el propio organismo, el conjunto de operaciones de ingresos y egresos de partidos y candidatos asciende a 20 mil 558 registros realizados por medio de 741 cuentas bancarias operadas en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas donde el pasado 2 de junio se realizaron elecciones.

El INE informó que a través del sistema de fiscalización se reportaron 56 mil 932 actividades en las campañas de las seis entidades, donde operaron, en conjunto, 635 casas de campaña. Conforme a los calendarios, el informe final de ingresos y gastos de campaña deberá aprobarse el 2 de julio próximo en la Comisión de Fiscalización y el 8 de julio en el Consejo General del INE.

Los tiempos establecidos para la fiscalización de los ingresos y gastos del proceso electoral son más breves que los de otras autoridades y prácticamente se fiscaliza en línea, pues las leyes electorales establecen un plazo máximo de 37 días posterior al cierre de la campaña para la emisión del dictamen y resolución correspondiente, señala el instituto en un comunicado.

El informe final sobre la fiscalización de las elecciones locales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas deberá aprobarse el 2 de julio próximo en la Comisión de Fiscalización y el 8 de julio en Consejo General.

Los tiempos establecidos para la fiscalización de los ingresos y gastos del proceso electoral son más breves que los de otras autoridades y prácticamente se fiscaliza en línea, pues las leyes electorales establecen un plazo máximo de 37 días posterior al cierre de la campaña.

El INE destacó que aun cuando la legislación electoral estipula que todas las operaciones de ingresos y gastos deben reportarse a la Unidad de Fiscalización en un plazo máximo de tres días, en realidad esto no ha ocurrido, por lo que gran parte de los informes se han presentado hacia el final de la campaña, lo que provoca que la revisión de las operaciones por parte del INE se tenga que realizar habitualmente en un plazo de 10 días.

Asimismo, hay 71 quejas relacionadas con los manejos financieros que deberán resolverse también antes de la aprobación final del informe.