l pasado 31 de mayo, manifestantes hondureños intentaron incendiar la entrada de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el marco del paro nacional convocado por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. Ese mismo día Donald Trump anunció que impondría un impuesto de 5 por ciento a los productos mexicanos, como represalia por no parar la migración centroamericana. En su cuenta de Twitter escribió: Los aranceles tienen que ver con detener las drogas e inmigrantes ilegales. Este vínculo forzado entre los dos fenómenos: migración y narcotráfico, es parte de las campañas de estigmatización y xenofobia contra migrantes que Trump ha venido promoviendo.

Las amenazas del mandatario y la ignorancia de la ciudadanía estadunidense en torno a las responsabilidades históricas de su país en la crisis económica y la violencia que se vive en Honduras, contrasta con los análisis que los familiares de migrantes desaparecidos y masacrados. Integrantes del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), me explicaron de manera clara y reflexiva, cómo el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, es un antecedente fundamental para entender el presente éxodo de hondureños, ya que representó un parteaguas en la crisis de derechos humanos que desde entonces se vive en ese país. En los pasados 10 años Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ecologistas y defensores de los derechos humanos, siendo también la tercer nación más desigual del planeta, sólo atrás de Sudáfrica y Haití. La dudosa elección presidencial de Juan Orlando Hernández, en 2014, vinculó a un importante sector del gobierno hondureño con el narcotráfico y ha profundizado las políticas económicas neoliberales que atentan contra el sistema médico y de salud, dejando a 64.5 por ciento de la población hondureña en situación de pobreza.

Pero el intervencionismo estadunidense en Honduras tiene una larga historia, desde finales del siglo XIX cuando la United Fruit Company controlaba la economía bananera de ese país, poniendo y quitando presidentes según sus intereses. Esta historia incluye también el uso de bases militares estadunidenses en territorio hondureño como centros de entrenamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses, y de detención de activistas hondureños, con el objetivo de evitar el contagio revolucionario. Los organismos de derechos humanos han reportado que durante la década de los 80 hubo más de 3 mil activistas asesinados y desaparecidos. Algunos de ellos aparecieron años más tarde en fosas comunes de la base militar estadunidense en Palmerola.

Muchos de los integrantes de los cárteles que ahora controlan las rutas migratorias en México cobrando derecho de tránsito, asesinando y desapareciendo migrantes, son ex integrantes de las tropas de élite centroamericanas que fueron entrenadas en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Se trata de una cultura militarista de muerte que ha globalizado técnicas de tortura y pedagogías del terror que tuvieron su origen en manuales contrainsurgentes estadunidenses y que hoy son retomados por narcotraficantes como Los Zetas. Muchas de las armas usadas por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad que se han coludido con ellos llegaron a México entre 2006 y 2011 vía Estados Unidos, en el contexto de una operación legal de venta de equipo militar conocida como Rápidos y Furiosos, que luego se perdió y fue a dar a manos equivocadas según explicación oficial de ambos gobiernos.

Si la gente de Honduras ahora cruza las fronteras en caravanas es porque la migración se ha convertido en un riesgo de vida, como lo demuestran las masacres de San Fernando 1 y 2 en 2010 y 2011, y la de Cadereyta en 2012. Estados Unidos ha contribuido a desestabilizar gobiernos democráticamente electos en Centroamérica, ha apoyado con armas y entrenamiento a la formación de una cultura de muerte que ahora es retomada por los cárteles de la droga, ha promovido a través de organismos financieros el desarrollo de reformas estructurales y políticas económicas que profundizan la pobreza y la desigualdad. Los migrantes hondureños que intentan cruzar la frontera norte, sólo quieren un trabajo digno y recuperar un poco de lo mucho que el intervencionismo estadunidense les ha quitado.

*Investigadora de CIESAS

En memoria de las víctimas de Caderyta y en solidaridad con sus familias