n el Senado hay prisa por arraigar la actual reforma educativa y especialmente al nuevo INE (cuyo nombre oficial es Órgano para la Mejora Continua de la Educación). El 9 de mayo se aprobó el nuevo artículo tercero, y el 22 ya circulaba la convocatoria para el registro de aspirantes, y el 6 de junio se dio a conocer la lista de los que resultaron elegibles para formar parte de la Junta Directiva y el Consejo Técnico de ese órgano. Sin embargo –como la reforma misma– el trámite ha sido muy apresurado, y ensayando apenas un procedimiento nuevo ya han aparecido importantes problemas.

El primero de ellos, la falta de un procedimiento confiable para seleccionar a los integrantes. Para fortalecer la idea de un organismo autónomo como conductor de la educación, la nueva reforma de 2019 amplió de cinco a 12 el número de integrantes (sumando Junta Directiva y Consejo Técnico) y agregó, además, un Consejo Consultivo provisto de un número todavía indeterminado de miembros. Esto atrajo a numerosos (127) aspirantes ( La Jornada, 5/6/2019), y propició serias irregularidades a la hora de determinar su elegibilidad. Así, no se detectó que una de las aspirantes a integrar la Junta Directiva había presentado un ensayo fraudulento, donde aparecían como propios textos escritos por otros autores. Es decir, un plagio. Tampoco detectó que otros dos candidatos presentaron ensayos que no cumplieron con algo tan superficial como llegar a las (¡únicamente!) siete cuartillas de un ensayo ( Educación Futura, 6/6/2019). Alguno sólo anexó una cuartilla, pero aparece como elegible. Son sólo tres casos, pero son demasiados, porque representan un tercio de la lista de nueve seleccionados. Si no fuera por esta denuncia periodística, podrían haber formado parte nada menos que de la directiva del órgano encargado de la mejora de la educación nacional. Es claro que el procedimiento no está a la altura de su delicada misión.

El segundo, que el procedimiento, a pesar de que ser distinto al utilizado en el viejo INEE (el Presidente proponía una terna por cada vacante) extrañamente tiende a coincidir en los resultados: también en 2019 –donde proponen instituciones y organismos– aparece la orientación neoliberal-empresarial y cercanía con la OCDE que le dio su peculiar y problemático sello al viejo INEE. De los nueve elegibles para el Consejo Técnico tres están vinculados al desaparecido instituto y/o al Servicio Profesional Docente. Hay, además, quien durante 17 años fue enlace del gobierno mexicano ante la OCDE y otro más es consultor privado sobre calidad educativa . Y entonces no queda nada claro cómo es que se llegó a este listado. ¿No se integró en el procedimiento de elegibilidad el planteamiento optar por candidatos que impulsaran una transformación de la educación alejada de la neoliberal-empresarial, como se repite una y otra vez como propósito de la Cuarta Transformación? ¿O lo que ocurrió fue que las organizaciones proempresariales saturaron el universo de aspirantes? Sería muy importante una respuesta en este punto.

Un tercer problema consiste en plantear que la selección final de los integrantes del órgano tenga lugar antes de la aprobación de las leyes secundarias. Porque es precisamente en éstas donde debería especificarse y dar respaldo legal al perfil que deben tener quienes aspiren a estos cargos. Es decir, que los requisitos, funciones, responsabilidades y orientación que tendrán como integrantes de la Junta Directiva, Consejo Técnico (y Consejo Consultivo) deben discutirse pública y abiertamente y aprobarse finalmente en las leyes secundarias, para que sea la ley la que sirva de base para seleccionar entre los aspirantes. La resistencia de seis años enseñó el valor y la imperiosa necesidad de procedimientos abiertos, sujetos al escrutinio y decisión de quienes representan el grueso del sistema educativo.

En estas condiciones, parece evidente la necesidad de repensar y reponer el proceso. Lo justifican las irregularidades en la selección actual, las dudas sobre la conveniencia de repetir la orientación político-educativa del INEE del sexenio pasado y la necesidad de discutir y darle fundamento legal al proceso. Procede tomar una ruta distinta, más reflexiva y abierta, que dote de legitimidad al órgano. Abrir un periodo de consulta pública y nacional para revisar esto, para que, además, las regiones del país puedan proponer como candidatos a los que conocen como sus talentos locales, los mejores, más conocedores y estrechamente vinculados y comprometidos con la educación y su transformación social. Si algo ha generado la resistencia contra la reforma del ayer, es además una mayor conciencia, cuadros intelectuales de entre los propios maestros y sus apoyos. Esto parece hoy indispensable para la transformación social de la educación en México.

*UAM-Xochimilco

A Elvira, mi madre, mujer esforzada

(1917-2019).