El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue “dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región.

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.