Su hermana y su esposa se amparan contra detención
Viernes 31 de mayo de 2019, p. 12
La Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado al menos cinco operativos de búsqueda para localizar al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y a su hermana Gilda Susana, contra quienes se giró orden de aprehensión por su presunto involucramiento en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la compra de la empresa Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México.
Funcionarios federales señalaron que están en marcha acciones para localizar al ex funcionario y que desde el martes pasado, además del cateo llevado a cabo en el fraccionamiento Lomas de Bezares, al poniente de la capital del país, se han desarrollado otras operaciones de vigilancia en el sur de la Ciudad de México y en dos entidades federativas, donde los familiares de Lozoya Austin tienen propiedades, pero se negaron a revelar las ubicaciones para no afectar la indagatoria.
Ayer, Gilda Susana Lozoya y Marielle Helene Eckes, esposa del ex funcionario, obtuvieron una suspensión provisional contra cualquier orden de captura, concedida por el juzgado 14 de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México.
Con esta resolución, se frena temporalmente el cumplimiento de cualquier orden judicial o ministerial en contra de la hermana y la cónyuge de Emilio Lozoya Austin.
Ambas familiares del ex director de Pemex solicitaron la protección de la justicia federal al considerar que la jueza María Eliana Cardo Ramos, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, habría otorgado una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, fuentes ministeriales y del Poder Judicial señalaron a La Jornada que las órdenes solicitadas solamente fueron en contra de Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira y Gilda Susana Lozoya Austin por su presunta participación en acciones que causaron grave daño patrimonial a Pemex por la compra de la empresa Agro Nitrogenados en 2013.
El juez 14 de distrito fijó un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de las solicitantes de amparo, aunque la medida no significa que no puedan ser detenidas si se libra una orden de captura en su contra por delitos a los que se señaló prisión oficiosa.