ste domingo 2 de junio, 13 millones 573 mil 897 ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a quienes ocuparán 148 cargos: están en disputa las gubernaturas de Puebla y Baja California; todas las alcaldías en esta segunda entidad, Aguascalientes y Durango, así como cinco elecciones municipales extraordinarias en Puebla, y los congresos locales de Quintana Roo y Tamaulipas.
Se trata de los primeros comicios celebrados en el presente sexenio, con un gobierno federal que tiene entre sus propuestas centrales la democratización efectiva de la vida nacional y la erradicación definitiva del sinfín de prácticas fraudulentas que en los hechos han minado e incluso anulado la soberanía popular consagrada en la Constitución. Dichas prácticas han llevado al país a crisis como las vividas tras los fraudes en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006 y la masiva compra de votos en las de 2012, y no estuvieron ausentes en los comicios de julio de 2018, cuando el cúmulo de irregularidades en Puebla detonó un desgastante conflicto poselectoral.
En este combate a las distintas modalidades de distorsión de la voluntad ciudadana se han dado pasos importantes, como la tipificación de las modalidades de fraude electoral como delito grave, merecedores de ser perseguidos de oficio y de recibir prisión preventiva. Sin embargo, resulta inocultable la persistencia de aparatos, poderes fácticos y organismos largamente acostumbrados a medrar con las prácticas antidemocráticas, los cuales no han desaparecido y constituyen lastres para la consolidación de una sociedad democrática.
Por lo dicho, resulta crucial que en los próximos días todos los participantes –partidos, candidatos, autoridades de todos los niveles de gobierno, medios de comunicación, ciudadanos y organismos electorales– se ciñan estrictamente a la ley, a fin de que el lunes 3 el país pueda amanecer sin conflictos poselectorales, sin denuncias cruzadas, con un reconocimiento cabal de los triunfos ajenos y sin reivindicación de victorias propias no fundamentadas en el sufragio. De ser así, este domingo podrá marcar un hito en la construcción de la normalidad democrática que tanto urge al país y que constituye uno de los mayores anhelos ciudadanos.
El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció por su medio de comunicación habitual –Twitter– que a partir de junio su gobierno impondrá un arancel de 5 por ciento a todas las importaciones procedentes de México “hasta que los inmigrantes ilegales que pasan por México a nuestro país PAREN” (sic), y amenazó con incrementar gradualmente ese impuesto en tanto no se resuelva el flujo migratorio. En una rápida réplica, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, señaló que esa amenaza es desastrosa
en el marco del proceso de ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtió que nuestro país responderá de manera enérgica
y propuso el inicio de un contacto directo entre ambas partes a fin de evitar malos entendidos y no entorpecer el comercio bilateral.
El amago de Trump no sólo constituye una grosera presión injerencista para tratar de imponer a México una política migratoria conveniente a los intereses propagandísticos y electoreros de la Casa Blanca, sino que resulta, además, un chantaje disparatado que podría obligar a nuestro país a participar en una confrontación comercial que resulta a todas luces indeseable y peligrosa para ambas economías: si bien el vecino del norte es el principal mercado de las exportaciones nacionales (307 mil millones de dólares), y que la inusitada venganza arancelaria sería sumamente negativa para la industria mexicana, ello es cierto también a la inversa: Estados Unidos envía anualmente a México productos por un total de 181 mil millones de dólares, por lo que la adopción de una medida recíproca a la que esgrime Trump dañaría considerablemente diversos sectores productivos estadunidenses.
La circunstancia demanda a las autoridades de nuestro país un cuidadoso equilibrio entre la prudencia y la firmeza para hacer prevalecer la sensatez en el diálogo bilateral. Cabe esperar, asimismo, que los sectores empresariales y políticos de la superpotencia logren desactivar la prepotencia sulfúrica del magnate republicano y que lo persuadan de mantener en pistas separadas los asuntos de la migración y el comercio.
