ras dos días de una campaña de desinformación deliberada que pretendió hacer creer que el ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco iba a suceder al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la dimitente Josefa González Ortiz Mena, el lunes de esta semana se dio a conocer el auspicioso nombramiento a ese cargo del activista y académico ambiental Víctor M. Toledo; ese mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en un encuentro que tuvo como propósito superar la inconformidad de ese sector de profesores ante una reforma educativa que, si bien representó un avance significativo con respecto a la barbaridad operada en el sexenio anterior, dejó fuera importantes reivindicaciones del magisterio democrático; la reunión, en la que el tabasqueño ofreció a sus interlocutores total apertura y concesiones muy significativas en la elaboración de la ley secundaria, culminó con los delegados de la CNTE, acompañados del mandatario, coreando las consignas históricas de su lucha en uno de los patios de Palacio Nacional; si algún valor tienen los símbolos, éste no pudo pasar inadvertido.
En forma paralela se desarrolló esta serie de eventos: la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin al encontrar en su gestión movimientos sospechosos; la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió la congelación de las cuentas bancarias del ex funcionario y de algunos familiares cercanos, así como las de Altos Hornos de México (AHMSA); un día más tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que había obtenido órdenes de aprehensión para Lozoya Austin y de algunas personas de su círculo inmediato y para el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, quien fue rápidamente capturado en España y afronta en una cárcel de ese país un proceso de extradición. Ambos están acusados por operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita y otros actos de corrupción en el caso de la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados –que tenía casi 20 años sin funcionar y más de cuya maquinaria estaba inservible–, que era propiedad de AHMSA y que fue comprada por Pemex en 2014 a un precio cinco veces por encima de su valor real.
En principio, esta averiguación es independiente de la trama de corrupción de la empresa Odebrecht, en la que Lozoya Austin –amigo de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y otros del anterior régimen– ha sido involucrado por la fiscalía de Brasil. La presidencia peñista lo protegió con denuedo de cualquier imputación relacionada con ese escándalo, en el que el ex funcionario habría recibido recursos ilegales para derivarlos a la campaña presidencial del propio Peña Nieto.
Vistas en conjunto, estas acciones marcan una profundización y una aceleración en el proceso transformador del actual gobierno, tanto en lo que representan de acercamiento a los movimientos sociales (nombramiento de Víctor M. Toledo y reunión conciliadora con los maestros democráticos) como por lo que parece ser el inicio de un esclarecimiento a fondo de la corrupción monumental que caracterizó a los sexenios anteriores. Si a ello se suma la visita a México de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, su encuentro con López Obrador y sus apreciaciones elogiosas del desempeño económico de la Cuarta Transformación, resulta claro que las oposiciones partidistas, empresariales, mediáticas y de grupos de interés variopintos se encuentran más huérfanas que nunca de argumentos, iniciativas y contrapropuestas.
Tal vez esa orfandad permita explicar la brusca y perceptible intensificación de los ataques mediáticos en contra del gobierno. En la fabricación y difusión de verdades a medias y mentiras a secas participan febrilmente los columnistas que difundieron el pensamiento único del neoliberalismo, los académicos que en su momento justificaron todas las atrocidades del régimen oligárquico –el desmantelamiento de la propiedad pública operado por Salinas, el rescate bancario
de Zedillo, la falsa y corrupta alternancia de Fox, la violenta guerra de Calderón y las reformas estructurales de Peña–, los funcionarios de organismos desconcentrados y comisiones autónomas y los comentócratas que se quedaron sin financiamiento público bajo la mesa, además de líderes de cúpulas empresariales y los dirigentes de partidos políticos cada vez más reducidos.
Más allá de esa ofensiva desesperada y ultimadamente insustancial, hay cosas ominosas, como el paquete explosivo enviado a la senadora de Morena Citlalli Hernández Mora o la amenaza de bomba en el complejo de Pajaritos. Ojalá que unos y otros hechos no estén vinculados y, si lo están, ojalá que los orquestadores se serenen y se abstengan, en lo sucesivo, de patear el tablero de juego, por adversa que les resulte la partida.
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