La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, informó que se iniciaron 11 quejas por violaciones a los derechos de migrantes, contra quienes han aumentado las actitudes de discriminación y xenofobia.

En la presentación del Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes o sujetas de protección internacional, señaló que se busca un albergue de emergencia fijo para desplazamientos forzados, como damnificados por terremotos o incendios.

Junto con las secretarías de Gobierno y de Inclusión y Bienestar Social se ubicó una bodega en Azcapotzalco que podría utilizarse, pues ya no habrá caravanas, pero seguirán llegando flujos de cien a 300 personas semanales, estimó.

La intención es que el deportivo Reynosa o el estadio Jesús Martínez Palillo, los cuales alojaron a algunos de los 16 mil migrantes que arribaron en las tres caravanas anteriores, no sean ocupados con una vocación diferente.

Los albergues de las organizaciones que los atienden están rebasados, por lo que desde la semana pasada existe un acuerdo para hacerles llegar servicios médicos, algunos apoyos y seguridad, ante la criminalización, delitos y maltrato de que son víctimas.

Hasta el momento, menos de 10 por ciento se ha quedado en la ciudad, en Iztapalapa e Iztacalco, donde se ve a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que laboran en áreas de servicios y han alquilado su vivienda, comentó.

La presidenta de la CDHDF, sin embargo, denunció que por medio de las redes sociales se ha convocado a una marcha el domingo 7 de julio, que partirá del Ángel de la Independencia, contra el pacto migratorio, con el lema No es migración, es invasión. México para los mexicanos.

Según la invitación, se registran graves enfermedades contagiosas con la llegada de migrantes, como ébola y lepra, lo cual ha llevado a actos de xenofobia contra esta población y la apertura en la comisión de 11 quejas, destacó.

Entre ellas está la denuncia presentada contra policías por abuso de autoridad y uso indiscriminado de la fuerza contra unos migrantes, y la negativa a entregar un acta de nacimiento a un niño que nació en el estadio Jesús Martínez Palillo.

La semana pasada se inició otra queja por la muerte de un salvadoreño en el área de galeras de la Coordinación Territorial GAM-4, donde fue remitido por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, explicó.

Por ello, consideró, el protocolo de atención humanitaria impulsado en la ciudad podría repetirse en otros puntos del país, ante el incremento de las actitudes de discriminación, racismo y criminalización contra esta población.