Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una retórica de supuesta voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en México y de empatía con las víctimas, en los hechos ha tenido un comportamiento de simulación y encubrimiento de los responsables de varios casos, lo que ha impedido avanzar en la resolución de los mismos.

Así lo advirtieron los asistentes a un foro convocado ayer en la plancha del Zócalo capitalino por las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, quienes destacaron que este crimen de lesa humanidad se ha cometido de manera continua en prácticamente todos los gobiernos de México desde los años 60 del siglo pasado, en medio de una impunidad casi total.

Héctor Cerezo, integrante del colectivo Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, destacó que a diferencia de las ocurridas en los últimos 30 años del siglo XX, cuando se focalizaban en militantes de organizaciones opositoras al gobierno, las desapariciones de la actualidad en el país se cometen de forma masiva, como parte de una política de control y disciplinamiento social.

En este marco, el activista lamentó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, defienda la misma idea de gobiernos anteriores de que las desapariciones son cometidas mayoritariamente por particulares, omitiendo así la responsabilidad que tiene el Estado en dicho fenómeno.

Por su parte, Damián Martínez, asesor jurídico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, indicó que un ejemplo de lo anterior es el de Fidencio Gómez Sántiz, integrante de dicha organización popular, quien fue desaparecido el 5 de marzo de 2016, y en cuyo caso las autoridades han actuado de forma lenta y omisa.

De su lado, el periodista Arturo Rodríguez, de la revista Proceso, enfatizó que el actual gobierno no ha roto la dinámica de autoritarismo y represión de administraciones anteriores. Hay una narrativa aparentemente empática con las víctimas, pero sólo es una actitud engañosa, simuladora y encubridora de los responsables de estos delitos, puntualizó.