El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la situación de alto riesgo en la que se encuentran la defensora de derechos humanos Araceli Salcedo y sus familiares, ya que desde marzo de 2018 el gobierno federal les retiró a los tres escoltas de seguridad con los que contaban, sin que se hayan designado sus remplazos.

De igual forma, desde enero de 2019 se han dejado de pagar los viáticos a los elementos de seguridad que acompañan a la defensora de derechos humanos durante las diligencias de rastreo y búsqueda, incumpliendo con las medidas de seguridad aprobadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde enero de 2014.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, destacó que el posicionamiento del CAT es un precedente importante en favor de las personas y colectivos de familiares quienes acompañamos a víctimas de desaparición de personas, que por el trabajo realizado nos encontramos en una situación de riesgo.

La organización internacional exhortó a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para que se designe inmediatamente el remplazo de las tres escoltas de seguridad y se realice el pago de los viáticos correspondientes.

Salcedo es madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, quien desapareció el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz.

Asimismo, solicitó información actualizada sobre la investigación en relación a la detención arbitraria y los actos de tortura en contra del periodista Oliver Coronado, a manos de la policía municipal de Orizaba, Veracruz en julio de 2018.