La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnaron la sentencia que ordena la creación de una comisión especial de búsqueda de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada hace 12 años, además de la comparecencia de todos los funcionarios públicos que hayan podido estar involucrados en los hechos y la apertura de cuarteles militares para hacer indagatorias.

Así lo indicaron los familiares de ambos hombres y las organizaciones sociales que los acompañan, quienes lamentaron que, con este acto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador demuestre su falta de voluntad política para cumplir con la mencionada resolución, la cual podría abrir la puerta a que en otros casos de desaparición también se realicen búsquedas exhaustivas.

En conferencia de prensa realizada ayer en el Zócalo capitalino, el abogado Sandino Rivero, asesor jurídico de los familiares de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, informó que la FGR presentó el recurso de impugnación del mencionado fallo –en el último día que tenía para hacerlo–, lo cual frena por el momento el cumplimiento de la sentencia.

El litigante señaló que el caso muy probablemente será retomado por el mismo tribunal colegiado que el 19 de junio de 2014 emitió la sentencia en la cual se le ordena a la Sedena, la Policía Federal y el gobierno del estado de Oaxaca, entre otras dependencias, que explicaran el papel que habían jugado en el caso de la desaparición forzada de los activistas, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en ese estado del sur del país, gobernado entonces por Ulises Ruiz.

Por lo anterior, dijo Rivero, es probable que dicha instancia judicial confirme la sentencia que emitió hace casi cinco años, pero de todas maneras no descartó que las familias de las víctimas pidan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.

Por su parte, Nadin Reyes, coordinadora del Comité Hasta Encontrarlos e hija de Reyes Amaya, consideró que la impugnación del Ejército y la FGR al mencionado fallo demuestra que el actual gobierno únicamente está simulando que está comprometido con los derechos humanos, pero sin demostrarlo en los hechos.

Por lo anterior, anunció que las familias de ambos luchadores sociales y las organizaciones sociales que los acompañan se quedarán en plantón en el Zócalo por tiempo indeterminado hasta conseguir una reunión con López Obrador o el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.