Lerma, Méx., A sus 73 años de edad, Cutberto Vilchis García, presidente de bienes comunales de la localidad de Salazar, conoce el significado de ser preso político.

El jueves por la noche, un juez de control y juicios orales de Almoloya de Juárez, otorgó el fallo absolutorio y ordenó la libertad inmediata y plena de Cutberto y de cinco comuneros más acusados por defender sus tierras frente a intereses inmobiliarios.

Ganó el pueblo de Salazar, dice Alma Vilchis Rojas, hija de Cutberto, quien en entrevista telefónica comentó que esta sentencia fue en favor de los bienes comunales de Salazar, municipio de Lerma, y de los seis hombres y mujeres detenidos injustamente el 31 de agosto de 2017.

A las 21:10 horas del jueves los seis defensores de las tierras del ejido Salazar (colindantes a los bosques y laguna del Parque Nacional La Marquesa) obtuvieron su libertad como parte de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1° de diciembre de 2018 de liberar a los presos políticos en México.

Excepción legal a preso por tener mas de 70 años

Cutberto Vilchis estuvo preso en el penal de Santiaguito hasta antes de febrero de 2018, pues en marzo del mismo año su defensa logró la excepción legal que permite no ser sujeto de prisión preventiva cuando se tiene más de 70 años.

Durante un año y cuatro meses Vilchis García enfrentó el proceso penal en prisión domiciliaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado le asignó un agente ministerial y dos policías estatales porque no se fuera a escapar.

Este viernes en la puerta ya no hubo vigilancia y lo primero que hizo mi padre fue salir a trabajar, a atender su tienda, comenta Alma, quien narra que desde el jueves por la noche la comunidad de Salazar recibió con abrazos y aplausos a los seis liberados.

Neftalí Granados González, del equipo de trabajo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, confirmó que a las 21:10 horas del jueves 23 de mayo abandonaron la prisión, sin responsabilidad penal alguna, Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio y Beatriz Pérez Flores.

Inmobiliarias buscan despojarlos

El funcionario explicó que estos hombres y mujeres fueron detenidos el 31 de agosto de 2017, tras impulsar una lucha social contra la ocupación de tierras comunales por parte de un grupo de empresarios inmobiliarios, que han buscado despojarlos de sus territorios en un conflicto que se litiga en tribunales agrarios desde 2005.

Los seis pobladores fueron detenidos por policías de los tres niveles de gobierno y acusados de los delitos de robo y privación ilegal de la libertad. Fueron internados en el penal de Santiaguito, donde permanecieron un año y nueve meses.

La ubicación privilegiada de sus tierras –a unos metros de la autopista México-Toluca, cerca de La Marquesa, y por el trazo del Tren Suburbano Toluca-Ciudad de México– diversos empresarios inmobiliarios han intentado apoderarse de 57 hectáreas propiedad comunal del poblado de Salazar.

Esas tierras fueron vendidas en 2014 por comuneros del poblado limítrofe de San Mateo Atarasquillo, que registró irregularmente 210 mil hectáreas que pertenecen a Salazar.

En agosto de 2017, después de un litigio de tres años, el Tribunal Unitario Agrario del noveno distrito reconoció que esas tierras les pertenecen, lo cual fue ratificado en octubre de 2018 por el Tribunal Superior Agrario.

Neftalí Granados insistió en que los inversionistas inmobiliarios pretendieron demostrar el despojo de las tierras que ellos habían comprado irregularmente a la comunidad de Atarasquillo.

Dijo que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación se dio seguimiento y planteó que la próxima semana los seis civiles serán recibidos en la dependencia federal para restituir todos sus derechos porque, efectivamente, ellos fueron víctimas de un sistema de justicia del régimen anterior y el día de hoy quedan en total libertad.