yer fueron hallados los cuerpos de Bertoldo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote, quienes habrían sido asesinados la noche del jueves en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Ambos eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del poblado de Xicotlán, del mismo ayuntamiento.
El doble homicidio perpetrado contra los integrantes del grupo de vigilancia ciudadana se inscribe en la estela de ataques sufridos por los pobladores de Chilapa desde 2015, en particular durante el último semestre. El 19 de diciembre de 2018, 12 personas fueron desaparecidas y otras se vieron obligadas a huir de Rincón Tapila debido a un ataque armado; el 27 de enero la irrupción de un grupo delictivo en Rincón de Chautla dejó 12 muertos y dos heridos, y apenas el 4 de mayo, en la cabecera municipal, fueron asesinados los concejales José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián.
De acuerdo con los pobladores de las distintas localidades de Chilapa referidas, lo que tienen en común todos estos episodios de violencia es que responden a las disputas por el control del territorio entre Los Ardillos y Los Rojos, así como la inacción de las autoridades ante lo que ya cobra forma de una toma completa de la región por parte de estas agrupaciones criminales.
Como ha consignado La Jornada, la ola delincuencial que azota a la Montaña Baja de Guerrero ha obligado a los habitantes a adoptar medidas de supervivencia que debieran resultar impensables en cualquier sociedad regida por el Estado de derecho: por ejemplo, el que niños de entre siete y 10 años de edad hayan proclamado su incorporación a la CRAC-PF como única vía para defenderse de Los Ardillos o Los Rojos, adhesión replicada por mujeres nahuas de Rincón Tapila, quienes, algunas incluso cargando a sus bebés, empuñaron armas como señal de que no cederán sus hogares a los delincuentes.
Por si no fuera suficiente con la embestida de elementos criminales, los indígenas de la Montaña guerrerense enfrentan también el hostigamiento legal del gobierno priísta de Héctor Astudillo, el cual no sólo no ha cumplido con su elemental deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que emprendió un embate contra las policías comunitarias mediante su desaparición del artículo 14 de la Constitución local, que daba sustento jurídico a la existencia de estas organizaciones ciudadanas.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales atiendan el llamado urgente para actuar ante la crisis que padecen los habitantes tanto de Chilapa como de otros municipios de Guerrero y que en el ámbito estatal cese el hostigamiento oficial contra las organizaciones que hoy por hoy constituyen la única línea de defensa de la sociedad.
