A los científicos de los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no les van a faltar recursos para la operación y mantenimiento de sus equipos ni para hacer su labor, afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del organismo, quien aseguró que este año hay una inversión pública de 5 mil 814 millones de pesos comprometida para los CPI, adicionales a los cerca de 800 millones de pesos que se destinarán para proyectos de ciencia básica.

Sin embargo, destacó que sí tiene que haber un cambio de cultura hacia una mayor transparencia, eficiencia y eficacia (en el gasto), pero en favor de los mismos investigadores y su trabajo, no en su detrimento, por lo que llamó a no caer en fantasías de catástrofe y evaluar los hechos concretos de lo que se está destinando en inversión al sector.

Luego de la carta enviada por mas de 3 mil investigadores y trabajadores de los CPI al presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar que no se les apliquen más recortes presupuestales, destacó en entrevista que desde enero pasado se solicitó a los directores de los CPI aplicar un ejercicio de austeridad, considerando una propuesta voluntaria de 5 por ciento, porque encontramos excesos en el gasto de los recursos del erario en los centros, medida que sólo fue atendida por tres instituciones.

Detalló que los 27 CPI concentran un parque vehicular de 894 vehículos y hay un uso excesivo de combustible, además de una contratación de bufetes jurídicos externos por hasta 3 millones de pesos. A esto se suma que 15 CPI tienen un déficit presupuestal por 176.5 millones de pesos y en algunos centros se tienen deudas hasta por mil millones.

En tanto, investigadores de los centros señalaron que las nuevas medidas de austeridad han sorprendido a la comunidad de los CPI porque venimos de años de recortes, por lo menos desde 2015. Y desde el inicio de esta administración se han aplicado medidas de ahorro, afirmó Juan Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología (Indecol), quien señaló que ante la falta de recursos para gasto operativo, el instituto regresó al gobierno de Veracruz el rancho El Faunito, confiscado al ex gobernador Javier Duarte y entregado al Indecol en comodato, lo que es una pérdida de patrimonio.

Entre las principales preocupaciones de los CPI se encuentra, dijo, el pago de servicios básicos como la electricidad y el mantenimiento de equipos en laboratorios, por lo que destacó que antes de aplicar más medidas de austeridad se debe abrir el diálogo y tener un diagnóstico claro de cada centro y sus necesidades.

José María Ramos, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, uno de los 27 CPI, señaló que la respuesta al memorándum emitido el pasado 3 de mayo por el Ejecutivo federal para aplicar nuevas medidas de austeridad generó preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la medida para viajar al extranjero, ya que se debe tener autorización de la Presidencia.

Al respecto, Álvarez-Buylla destacó que se debe distinguir entre los servidores públicos que ocupan un puesto de decisión y realizan labores administrativas, de aquellos que tienen tareas de investigación, cuya aplicación de la medida no es explícita, por lo que emitió un oficio a la Secretaría de la Función Pública, con el fin de tener claridad sobre el tema.