e estiman en más de 40 mil muertes civiles (mujeres, niñ@s y adultos mayores) por el castigo colectivo, ingrediente mortal y genocida de las sanciones económicas desplegadas por Estados Unidos (EU) contra la República Bolivariana de Venezuela (RBV) entre agosto 2017 y 2018. Así se establece en importante estudio realizado por Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación de Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés, Washington DC ) y Jeffrey Sachs, profesor de economía y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Columbia (Nueva York).

Los autores indican que los datos sobre algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas muestran que la mayor parte del impacto de estas sanciones no se ha producido en el gobierno, sino en la población civil por lo que este informe, Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela. Tiene, como distintivo, el uso del término castigo colectivo, noción de alto contenido histórico y de derecho penal internacional.

Para la fase 2 de la golpista Operación Venezuela Freedom del Comando Sur de EU, la base social del chavismo es obstáculo mayor para acceder al petróleo, la riqueza humana y natural de Venezuela. De ahí el uso genocida del castigo colectivo contra esa categoría socio-política en el diseño de las ilegales sanciones económicas detectado en este conciso Informe. Se van contra la población más pobre y vulnerable y el Estado Bolivariano que nutre sus necesidades y esperanzas. Contra ell@s se dirigieron con saña y precisión mortal las armas y municiones económicas del nacionaltrumpismo. Recuérdese que en julio 2017 Trump preguntó a sus asesores, como lo haría Hitler a los suyos: ¿por qué EU no está en guerra con Venezuela si tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera? (Tras el Petróleo).

Cuatro párrafos del resumen ejecutivo del informe CEPR reflejan la inmensidad del crimen y la calidad humana y científica de este estudio: 1) Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. 2) Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables; 3), Incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva (de Trump) del 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un gobierno paralelo que creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas; y 4) que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018, y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales EU es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EU, y parecería ser que también violan su legislación.

La catástrofe humanitaria causada por esta sádica expresión del nacionaltrumpismo contenida en la sólida y puntual contribución de Weisbrot y Sachs nos obliga a preguntar ¿por qué en la conversación sostenida, por ejemplo, entre defensores de los derechos humanos tipo Amnistía Internacional o Human Rights Watch con académicos y periodistas, las sanciones económicas desplegadas desde agosto de 2017, tienden en general a brillar por su ausencia, cuando, como está prescrito en la Operación Venezuela Freedom (fase 2) Comando Sur la catástrofe humanitaria debe achacarse de manera sistemática y exclusiva a Maduro y a fracasos de la política económica de la RBV.

Desde 2016 ese comando dice que para la fase final (textual): Hay que valorar el poderío del gobierno y su base social, que cuenta con millones de adherentes, los cuales pueden ser cohesionados y expandirse políticamente. Insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocándolo opuesto a la libertad y la democracia, contrario a la propiedad privada y al libre mercado. Hay que responsabilizar al Estado y su política como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez.

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