s como un huachicol de cuello blanco…” Así definió el presidente López Obrador una práctica a todas luces abusiva, mediante la cual los pasados dos gobiernos otorgaron condonaciones fiscales por más de 400 mil millones de pesos a contribuyentes privilegiados.

De ese monto, 213 mil millones –54 por ciento del total– se concentró en un selecto club de 180 personas morales.

Se benefició a 153 mil contribuyentes, de manera discrecional, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 10 de ellos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.

Fue debido a esto que el Presidente de la República firmó un decreto, el lunes pasado, que puso fin a esos privilegios.

De acuerdo con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, se trataba de una práctica creciente amparada en disposiciones de la Ley de Ingresos, así como en distorsiones de una facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal.

En el sexenio de Felipe Calderón, 18 mil 302 contribuyentes se acogieron a ese beneficio, alcanzando una condonación por 161 mil millones de pesos, cifra que creció sustancialmente en el de Enrique Peña Nieto, al amparar a 135 mil 228 causantes, por un monto de 238 mil 971 millones de pesos.

Me permito retomar estos datos presentados en la portada de La Jornada del martes pasado, para dar luz sobre la dimensión del abuso, del contubernio y de la opacidad de los más recientes gobiernos. Se trataba, pues, de una atribución fincada en la secrecía y en la discrecionalidad de los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y, desde luego, de los presidentes Calderón y Peña.

En 2007, la Ley de Ingresos de la Federación facultó a las autoridades hacendarias para que llevaran a cabo la cancelación de créditos fiscales en los que existiera imposibilidad práctica o incosteabilidad en el cobro. Dos años después, a través de las herramientas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –ahora INAI–, un solicitante pidió al SAT la lista de asuntos cancelados por nombre y número de crédito en el proceso masivo de cancelación, que ascendía a casi 74 mil millones de pesos.

El SAT se rehusó. Respondió que la información requerida estaba clasificada como reservada, en virtud de que se encontraba amparada por el secreto fiscal. Insatisfecho con la respuesta de Hacienda, en términos del derecho de acceso a la información, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el IFAI para impugnar la clasificación.

La decisión del pleno del IFAI, en 2010, recayó en favor del solicitante, por lo que instruyó al SAT a entregar la información requerida. Ese fue el inicio de un trayecto repleto de evasivas, negativas y hasta amenazas a los comisionados del instituto por parte de las autoridades hacendarias.

“Los más molestos eran los hacendarios, siempre opacos –escribió en un artículo periodístico, públicado hace unos meses, el entonces comisionado del IFAI y ponente del caso, Ángel Trinidad Zaldívar:

“Hoy me atrevo a contar algo: los comisionados fuimos convocados por un alto funcionario de la SHCP para decirnos –pero sin quitarme la mirada y señalándome con dedo flamígero– que estábamos locos, que abrir esa información acabaría con el sistema financiero porque rompería el secreto fiscal e incluso nos dijo que le recomendó a Peña Nieto que nos enviaran a la cárcel”.

Por esos días, refiere en su texto, Trinidad Zaldívar fue objeto de extrañas llamadas, amenazas e incluso de un robo a su casa, de donde sustrajeron computadoras y portafolios con papeles diversos.

Lo que es un hecho es que Hacienda se negó a dar la información usando todos los artilugios posibles, incluido el apoyo de la CNDH de entonces, recuerda.

El asunto llegó incluso a la Suprema Corte y algunos de sus integrantes se pronunciaron en favor de que la información se hiciera pública. La SHCP ganó, pese a la resolución del IFAI, y prevaleció la opacidad. Se impuso el absurdo argumento del secreto fiscal y las listas con los nombres de las empresas y grupos favorecidos nunca se publicitaron. Perdió el derecho a la información pública.

Es hasta ahora, tras la firma del decreto presidencial, que se ventilan los nombres de al menos 170 empresas ampliamente beneficiadas con la cancelación fiscal, que buscaban a toda costa, en los tribunales, continuar en el anonimato.

Aunque los nombres de algunos de estos grupos financieros y empresas nacionales y extranjeras ya se habían conocido con base en filtraciones periodísticas, lo cierto es que podían adivinarse. Son los mismos consentidos del régimen anterior. Figuran entre ellos, empresas automotrices, bancos, farmacéuticas, telefónicas, grupos industriales, televisoras, tiendas departamentales y hasta equipos de futbol.

El decreto del Presidente resulta congruente con los postulados de la 4T y apunta en el sentido correcto. No más privilegios a los privilegiados y fin a las prácticas abusivas de cuello blanco.