i hay algo que tiene enfermo al planeta y a quienes lo habitamos, eso es el lucro. Un lucro cada vez más desmesurado y dañino. Y como la gran mayoría lo practica en menor o mayor escala, el capitalismo desenfrenado y depredador no ha encontrado mejor justificación que esa práctica para ver legitimada su voluntad de acumulación de riquezas vía la destrucción de la vida humana y la naturaleza en su signo crucial: la salud.

La vida de Belisario Domínguez, el parlamentario mártir de la libertad de expresión y de la autonomía política, estaría en peligro, pues sin duda él ya habría denunciado la tala furibunda de miles de árboles que tiene lugar en Comitán, Chiapas, su terruño, el estado que provee al país de la mayor diversidad natural y la masa de oxígeno más considerable de que disponemos los mexicanos. ¿Cuántos aserraderos existen como el que está matando especies y eliminando grandes superficies de bosque en la serranía comiteca? No deben ser pocos y están fuera de control.

La tala priva de salud al suelo, a la biodiversidad, al ecosistema que hace posible el aprovechamiento del agua de lluvia y, finalmente, a la agricultura de temporal y a los campesinos que aún no renuncian a la tierra para sumarse a la migración rumbo al norte. ¿Cuánto tardarán en desarrollarse y en dar frutos el millón de árboles frutales y maderables del programa iniciado por el gobierno federal en varios entidades del sur? Mientras, en cuestión de días, ya hay muchas hectáreas deforestadas.

En el sur, atrocidades como esa. En la Ciudad de México, la empresa Fibra Uno (Mítikah) –uno entre tantos casos de agresión ecológica–, en abierto desafío a normas y autoridades, depreda una zona cuya población es celosa de sus espacios verdes. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, procede a imponer sanciones. Por mayores que pudieran ser, con nada se podrá restituir el valor de los árboles talados y los años que supuso su presencia en un entorno puesto en minicuarentena por exceso de toxicidad ambiental.

En el norte, los hunos de la construcción se lanzan en pos de cualquier área verde para sus desarrollos (a las palabras en neolengua hay que leerlas por sus opuestos). Los vecinos de San Pedro Garza García, orgullosos de vivir en el municipio más rico y uno de los mejor dotados y cuidados ecológicamente del área metropolitana de Monterrey, ya padecen los avances depredadores de la construcción; de hecho, por decisión gubernamental, el Parque Nacional Cumbres ha sido objeto de numerosas concesiones a ese negocio con el argumento de delimitarlo.

Manes del capitalismo: el Parque Fundidora, convertido por los gobiernos del PRI, el PAN y el así llamado independiente de ahora, en jauja de constructores y empresarios de muy diversos giros, ha visto reducir su superficie en 60 por ciento, así como aniquiladas varias de las especies de la fauna allí asentada. El ecologista Guillermo Martínez Berlanga ha documentado 11 anomalías graves cometidas en su superficie. Pero en la lógica del lucro, el mejoramiento de la salud colectiva puede esperar. Sin embargo, a partir de esas pruebas, el ciudadano Martínez Berlanga demanda ante el Congreso juicio político a Manuel Vital, elsecretario estatal de –créase– Desarrollo Sustentable que, por lo demás, ha hecho caso omiso de varias comparecencias ante la actual legislatura de Nuevo León.

Acciones de ecologistas congruentes y tenaces, como la de ese ejemplar industrial neoleonés, pueden ayudar a enmendar el evidente desprecio a la salud y a la vida de la naturaleza y los seres humanos, por parte de empresarios irresponsables, y las prevaricaciones, incuria, complicidad y el típico conflicto de intereses a cargo de funcionarios corruptos. Necesarias y valiosas son esas acciones, pero insuficientes. Mientras el derecho penal no ponga un alto a empresarios y funcionarios de esa calaña, nuestra salud permanecerá en riesgo y cada vez más debilitada.

Se trata de que se legisle sobre las severas sanciones que debe imponerse a quien atente contra la naturaleza y que la o las acciones de esta índole sean homologadas a las penas con que se castiga en los casos de delitos contra la salud cometidos por quienes se dedican al trasiego de narcóticos. Tiene que ver, también, con los permisos administrativos para realizar cambios de suelo que signifiquen la alteración de los ecosistemas o para construir en zonas donde la comunidad, las vialidades y los recursos naturales experimenten insalubridad o bien deterioro ambiental.

Es preciso impedir que el lucro, contrario a la salud, termine por derruir el frágil soporte de la vida en que nos sostenemos los seres humanos. Todos los signos cotidianos indican que no es una ocurrencia, sino una absoluta necesidad. Así, por lo menos, lo han entendido varios congresos de entidades federativas, incluida la Ciudad de México, al prohibir, entre otros usos, el del plástico no reciclable.