El objetivo de la Guardia Nacional es recuperar el control territorial mediante un despliegue de fuerza en todo el país, aseveró Ricardo Mejía Berdeja, jefe de oficina del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a escala federal.

Frente a la exigencia de defensores de derechos humanos y académicos para que esa corporación mantenga el carácter civil que se le dio con la reforma constitucional, el funcionario enfatizó que será una fuerza policial-civil y que la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno federal va más allá del mero privilegio de la fuerza pública.

El funcionario participó ayer en la inauguración de la segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana. La Vía Civil, organizada por diversas instancias, donde el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, subrayó la necesidad de que la estrategia contra la inseguridad se base en un cuerpo civil que se apegue a los lineamientos democráticos, pues las políticas en la materia aplicadas en los dos sexenios anteriores demostraron su ineficacia, ya que la seguridad empeoró y se dio un aumento dramático en cantidad, intensidad y gravedad en las violaciones a derechos humanos.

Mejía Berdeja detalló las consecuencias económicas y sociales que la violencia ha tenido para el país. Se estima, dijo, que el costo de ésta representa 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 41 mil pesos por cada mexicano durante 2018.

Indicó que pese a que se han realizado importantes esfuerzos presupuestales en la materia, los recursos federales asignados a ese rubro representan apenas 0.81 por ciento del PIB, que es la mitad del promedio de lo que destinan los países de la OCDE.

Por la tarde, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, comentó que la aprobación de las leyes que regirán la actuación de la Guardia Nacional demuestra la capacidad de los diferentes partidos políticos de ponerse de acuerdo sobre el tema, y asegurar que dicho cuerpo de seguridad tenga un perfil lo más acorde posible a estructuras de mando civil para evitar cualquier tipo de abuso, afirmó