En su posicionamiento político, entregado el pasado lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que es inaceptable mantener en el artículo tercero constitucional un régimen de excepción laboral para el magisterio, por lo que demandaron que nos rija de manera total el artículo 123 como trabajadores al servicio del Estado, en el apartado correspondiente.

También solicitó cancelar de manera total cualquier organismo autónomo para la evaluación o certificación de tipo empresarial, y garantizar la rectoría del Estado en materia educativa, con un presupuesto suficiente de 12 por ciento del producto interno bruto (PIB) al sector.

En el documento, del cual La Jornada tiene una copia, pide al mandatario no entregar la rectoría de la educación, desde la Constitución, a grupos empresariales, a través de “organismos ‘autónomos’ con facultades que le corresponden al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública”, pues señala que es irrenunciable el carácter público y colectivo de la educación.

Insistió en que los fines y propósitos de la educación de ninguna manera deben estar supeditados a los intereses empresariales que conciben a la educación, la investigación y la cultura como actividad meramente lucrativa y la orientan hacia el individualismo, la competencia, la explotación y la destrucción de comunidades, culturas y medio ambiente.

En sus demandas también se incluye el otorgamiento automático de la plaza base para los egresados de las normales públicas del país, así como resarcir las consecuencias en la aplicación de la nefasta reforma educativa peñista.

Entre ellas acceso a la justicia para sus compañeros asesinados y reprimidos, lo que implica castigo a los culpables materiales e intelectuales, así como la reparación del daño; presentación con vida de sus desaparecidos; liberación de todos sus presos políticos, cierre de procesos judiciales, carpetas de investigación y restitución de derechos; reinstalación inmediata de maestros cesados, y resolución de todas las incidencias administrativas en los estados.

Los educadores disidentes demandan la construcción de un proyecto pedagógico y curricular en el que intervengan de forma directa maestros, directores, padres de familia y alumnos, rescatando, a través de los procesos colectivos de reflexión crítica, el cúmulo de experiencias, propuestas pedagógicas y proyectos concretos que de forma local o regional se han construido en las escuelas públicas por décadas.

Reitera que mantendrá su lucha contra el neoliberalismo y la privatización de la educación.