El líder minero Napoleón Gómez Urrutia acusó al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y a la activista Cristina Auerbach, de ser protectores de los intereses de Grupo México para desviar la atención y que esa empresa no asuma su responsabilidad por la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, suscitada el 19 de febrero de 2006 y que causó la muerte de 65 obreros.

En un comunicado, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgico, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana señaló, además, que el obispo es un esbirro de la compañía de Germán Larrea ya que ataca a la organización sindical. En tanto que Auerbach se ostenta falsamente como representante de las viudas de los trabajadores, aseveró.

Ambos, planteó Gómez Urrutia, son instruidos por Grupo México para desviar la atención de la negligencia criminal de los responsables de la tragedia, y además dividir opiniones sobre los hechos.

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reiniciará el rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen atrapados bajo los escombros de la mina expresó el líder del sindicato minero y actual senador de la República, quien fue respaldado por su organización.

Destacó que Vera López “hizo señalamientos que están fuera de lugar, del sentido común y de todo uso de razón, que lastiman y representan una agresión para los deudos de las víctimas (…) Los mineros no tolerarán lecciones de historia, y menos de moral, de quienes nunca visitaron la mina durante la tragedia”.

El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado dijo que el obispo de Saltillo también recibe órdenes del empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México.

Gómez Urrutia se dijo preocupado por la intención de que Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, sea nombrada como parte de la coordinación de los trabajos de rescate de los 63 cuerpos. Esto, sostuvo, porque existen evidencias de estar ligada a Grupo México y de lucrar con la tragedia, enarbolando la bandera de defensora de derechos humanos.

Indicó que varias de las viudas de los trabajadores han denunciado a la activista por recibir pagos de 350 mil pesos por parte de la empresa de Larrea, y añadió que esto consta en un cheque del que tienen copia.

Subrayó que el sindicato bajo su dirección respalda la decisión de López Obrador para rescatar los cuerpos no como una acción para lavar mi conciencia, como lo declaró el obispo Vera López, sino como un acto de justicia para las familias de todas las víctimas.

Recordó que el 8 de marzo de 2006, el secretario general suplente de la sección 13 del sindicato minero, Óscar Flores Ortiz, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en la cual acusó diversas anomalías en materia de seguridad e higiene que presentaba la mina Pasta de Conchos, así como exigencias para que Grupo México cumpliera con la ley en la materia, señalamientos que nunca fueron atendidos.