Debido a su relación con jueces federales, hasta en sus detenciones los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han cambiado su comportamiento, ya no amenazan, ya no oponen resistencia y sólo piden a sus aprehensores que enlisten y entreguen todo lo que llevan.

Testimonios de agentes federales que solicitaron el anonimato refieren que cuando son arrestados en entidades como Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Nayarit o Guerrero, tanto los familiares de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, y sus operadores ya saben que pasarán días o a lo mucho unas semanas en prisión, pues en esas entidades se promueven recursos contra el auto de vinculación a proceso y con cualquier argumento se declaran ilegales las detenciones o se considera que no existen elementos de prueba suficientes.

Uno de los casos en que mayor tiempo pasó en prisión un importante integrante del CJNG fue el de Érick Valencia Salazar, uno de los fundadores de la organización.

Valencia fue detenido el 9 de marzo de 2012 y en los últimos días de diciembre de 2018 fue puesto en libertad luego de que magistrados adscritos a tribunales de Jalisco determinaron que hubo violaciones al debido proceso y decretaron su liberación, a pesar de que había sido acusado por la comisión de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Un caso que podría arrojar luz sobre lo que ocurre con estas personas y la incongruencia en los tribunales es el de Ricardo Ruiz, identificado como uno de los principales operadores de Nemesio Oseguera, quien fue detenido por fuerzas federales y policías de los estados de Jalisco y Aguascalientes en 2012, 2013 y 2014, por la presunta comisión de homicidio, robo de vehículo, extorsión y delitos contra la salud. La última aprehensión, en octubre 2018, y en las tres primeras obtuvo su libertad por resoluciones judiciales en las que se consideró que no hubo pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.

Otro ejemplo de lo que ocurre con este tipo de detenidos se presentó en agosto de 2017, cuando se ejerció acción penal en contra de Sergio Kurt Schmidt, identificado como uno de los principales operadores financieros del CJNG y un juez decretó que por un error del Ministerio Público debió ser puesto en libertad al considerar que la obtención de pruebas se realizó de manera viciada, porque la esposa e hijo del inculpado no quisieron firmar el documento con el que se acreditó la realización de un cateo.

Esta resolución se dictó luego de una apelación al auto de vinculación a proceso y el juez inicial no desechó la prueba, indicaron los funcionarios entrevistados.