A pesar de que entre 2012 y 2017 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras en cuanto a los ingresos reportados por jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a establecer que los impartidores de justicia han ingresado cantidades millonarias a sus cuentas, las sanciones que ese órgano del Poder Judicial ha impuesto concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales.

Un recuento de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades que van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas delictivas –como ocurrió en el caso de Los Porkys donde un juez concedió irregularmente protección de la justicia federal a un inculpado de cometer actos de pederastia–, así como situaciones de falta de profesionalismo, únicamente un caso es recordado en esos niveles como una situación que se llevó al ámbito penal, el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó la libertad a Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo de El Chapo Guzmán, y se le imputó haber realizado transacciones financieras por más de tres millones de pesos que no correspondían con sus ingresos.

De acuerdo con el Listado de Servidores Públicos con Sanciones Administrativas Definitivas del CJF, en el periodo de 2012 a 2017 un total de mil 204 casos fueron sancionados con amonestaciones, inhabilitaciones o destituciones de los cargos; de estos, el número de jueces y magistrados que recibieron algún castigo se reporta en 122 casos.

Fuentes del CJF señalaron que dentro de este organismo, aunque esté encabezado por el presidente del Poder Judicial de la Federación, que es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante las deliberaciones de pleno no se toman decisiones de manera unilateral.

En todo momento se sancionó a quien se tenía elementos para hacerlo. No sé buscó ocultar ninguna conducta indebida sólo cambiando a alguien de juzgado o tribunal, y en todo ese lapso la decisión de sancionar o no fue una decisión colegiada y por tanto no hay forma de que sean discrecionales; es decir, las sanciones son acordadas por el presidente del CJF y los consejeros.

En ese contexto, explicaron los entrevistados, “los movimientos de jueces y magistrados se realizan por necesidades del servicio y son aprobados por el pleno.

Cuando se tiene dudas de la actuación de alguien, pero no se tiene ningún elemento probatorio, efectivamente se acuerda en el pleno cambiarlo en lo que se le investiga con sigilo, y esto se realiza así por precaución y prudencia, a fin de que no se vulnere la presunción de inocencia.

Sin embargo, tan sólo en 2012 los registros de la Judicatura refieren que un total de 179 servidores públicos relacionados con acciones de impartición de justicia, como lo es desde los secretarios y actuarios que tienen relación con notificaciones o integración de los expedientes, así como jueces y magistrados que dictan las resoluciones, tuvieron irregularidades en sus reportes de ingresos, sin que se llevara sus casos a instancias de tipo penal para conocer el origen de los recursos que presuntamente obtuvieron y que son excesivos a sus salarios e ingresos reportados oficialmente.