yer por la mañana policías de Estados Unidos irrumpieron en la sede de la embajada de Venezuela en Washington y arrestaron a cuatro activistas a quienes el gobierno de Caracas había confiado el resguardo de la legación, en enero pasado, luego del rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países debido al respaldo estadunidense a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado en el país sudamericano.

Desde hace varias semanas la Casa Blanca venía amagando con desalojar la embajada con el propósito de entregarla a representantes de Guaidó, quienes ayer festejaron la liberación policial de la sede diplomática.

El hecho comentado sienta un precedente grave y, más allá de la confrontación entre Washington y Caracas, agrega un elemento de insoslayable toxicidad en las relaciones internacionales, por cuanto constituye una abierta violación de los términos de la Convención de Viena, particularmente los tres numerales del artículo 22 de ese instrumento internacional:

1) Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. 2) El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3) Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Incluso en un rompimiento de relaciones, como es el caso, el instrumento internacional especifica (artículo 45) que el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos.

Por lo demás, lo que parece ser la inminente entrega de la legación diplomática a personeros de Guaidó significaría que el Estado receptor –siempre en los términos de la Convención de Viena– se arrogaría el insólito derecho de designar a los representantes del Estado acreditante.

Así pues, el allanamiento perpetrado ayer por el gobierno de Donald Trump es, más que un golpe en contra del gobierno de Nicolás Maduro, una arbitrariedad que debilita la legalidad internacional y una violación mayúscula de la letra y el espíritu de uno de sus documentos principales.

Ello es razón suficiente para que la comunidad internacional –sus autoridades y sus sociedades– expresen su condena inequívoca a semejante atropello. Por vasto que sea el poderío militar, económico, diplomático y mediático del vecino del norte, no debe permitirse que su actual presidente imponga a la comunidad mundial términos de convivencia propios de la ley de la jungla.