La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hicieron un uso parcial de los recursos de la dependencia para influir en el proceso electoral federal 2017-2018.

El tribunal emitió dos comunicados de prensa y difundió un video relacionado con la acusación contra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, por la presunta venta irregular de una bodega en Querétaro, y su presencia en la PGR para saber si tenía una averiguación en su contra.

Anaya y el PAN celebraron la resolución, pues confirma lo que habían señalado en torno a que las acusaciones fueron una artera y vulgar maniobra que afectó severamente la equidad en la contienda presidencial.

En un video, el ex abanderado panista dijo esperar que este tipo de maniobras tramposas y arteras jamás se repitan en contra de ningún candidato. Por lo demás, agradeció a las casi 13 millones de personas que a pesar de tantos infundios decidieron votar por él. También dio las gracias a quienes habiendo votado por otro candidato reprobaron este tipo de atropellos.

Los ex funcionarios involucrados son Alonso Israel Lira, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, y Rafael Lugo, ex director de Comunicación Social.

Los magistrados determinaron remitir copia certificada de la resolución al Órgano Interno de Control de la ahora Fiscalía General de la República, para que determine lo conducente y dar aviso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones pertinentes.

En la sesión, la magistrada Janine Otálora dijo que los funcionarios de la PGR dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral, y esta es una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad y sancionada para blindar a la democracia de la influencia del poder público.

El magistrado Reyes Rodríguez dijo que por ningún motivo se puede dejar impune el desvío del poder por quienes encabezan las instituciones públicas. El Estado no puede acusar a las personas sin pruebas y por razones políticas. La decisión es un dique en contra del uso arbitrario del poder.

En el proyecto se afirma que los comunicados de la PGR no cumplían con la finalidad institucional.