El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, adelantó a diputados del Congreso de la Ciudad de México que presentará iniciativas de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Penal para aplicar la extinción de dominio a los desarrolladores que no cesen los trabajos en sus obras en construcción con sellos de clausura o suspensión.

Al comparecer ante diputados de las comisiones de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales, pidió además que se practique una auditoría sobre los ingresos y el ejercicio de los recursos que pagaron o debieron pagar las empresas desarrolladoras para obras de mitigación, al estimar que sólo de las construcciones en las Granadas, no se han aplicado alrededor de 10 mil millones de pesos.

Luego de que el pasado martes presentó con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, un frente contra la operación de un grupo de despachos que representa a inmobiliarias con las peores prácticas para violentar los usos de suelo, demandando inclusive a vecinos que se oponen a sus obras, Romo instó a los legisladores locales a sumarse para ustedes y nosotros dar un combate frontal contra quienes han abusado.

Consideró urgente que se reformen la Ley de Desarrollo Urbano y la de Construcciones, así como sus normas complementarias y reglamentos de que se valen dichos despachos para “borrar planes parciales y citó como el más claro ejemplo las obras de Palmas 1130 y 1125, que también citó como casos de obras de construcción que continuaron trabajando con sellos de clausura, conducta para la que propondrá la extinción de dominio.

El Código Penal ya establece como delito el quebrantamiento de sellos, que para el caso de obras de construcción que no cuenten con dictamen de impacto urbano, tiene una pena de dos a ocho años y seis meses de prisión y 500 a mil días multa.

En el caso de las obras de mitigación, refirió el caso de una alberca semiolímpica que el grupo inmobiliario Sordo Madaleno ya no quería hacer y lo tuvimos que apretar para que terminara, pero advirtió que hay impactos urbanos que no se han hecho en los pasados seis años, cuando debe ser un requisito para entregar al desarrollador el uso de ocupación.

Dijo estimar que en Miguel Hidalgo –relacionado con el pago de aprovechamientos que establece el artículo 300 del Código Fiscal para obras de mitigación– son alrededor de 10 mil millones de pesos solamente con Las Granadas y desarrollos de Lomas, Polanco, Popotla, Anáhuac y el corredor Mariano Escobedo que no se han aplicado.