El grupo de legisladores que están a cargo de elaborar las leyes secundarias de la Guardia Nacional concluyeron ayer la primera revisión total de los cuatros ordenamientos: reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes orgánica de esa corporación, del registro nacional de detenidos y la del uso de la fuerza. Se tiene previsto que se puedan discutir el jueves en el pleno del Senado.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, integrante de la bancada de Morena y quien coordina los trabajos de revisión de esas leyes, destacó en entrevista que están pendientes algunos temas, como es el caso de que los militares y marinos que se integren la nueva corporación pidan licencia por cinco años a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

También quedó pendiente si se aplicará a los militares que participan en tareas de seguridad pública la ley del uso de la fuerza.

Sobre este último punto, el senador panista Damián Zepeda manifestó que para su grupo parlamentario es vital que a las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública se les aplique también la ley del uso de la fuerza. La Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que se les debe aplicar ese ordenamiento a militares que participen en labores de seguridad pública. Queremos una Guardia Nacional civil.

Ramírez Aguilar a su vez señaló: el tema de que los militares y marinos que se incorporen a la nueva agrupación policiaca soliciten licencia no se ha resuelto, está pendiente, y el capítulo de sanciones y delitos para los integrantes de la Guardia Nacional también quedó pendiente para mañana.

El morenista explicó que está en revisión el punto que presentó el PAN, en el sentido de que se aplique la ley del uso de la fuerza a militares que realicen tares de seguridad pública.

Si hacen uso de la fuerza en delitos del orden federal tendrán que ajustarse a ese ordenamiento, pero aún no se ha tomado una determinación al respecto, subrayó.

El panista Zepeda insistió en que el tema de los recursos quedó resuelto, que el despliegue de la Guardia Nacional por el país no significará ningún costo a los estados y municipios para atender delitos del orden federal, pero si un municipio o entidad pide a la nueva agrupación policial coadyuvar en funciones que no le corresponden tendrán que hacer un convenio y aportar recursos.

Otro de los temas que quedó pendiente es si la facultad de investigación que realicen los elementos de la Guardia Nacional estará bajo la conducción del Ministerio Público.

Este martes por la tarde se volverán a reunir los senadores para revisar los temas pendientes.