Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este martes procesar a siete diputados opositores, entre ellos Henry Ramos Allup, ex dirigente de la Asamblea Nacional, por la comisión flagrante de varios delitos, incluidos traición a la patria y conspiración, tras su participación en el fallido alzamiento que encabezó la semana pasada el autoproclamado presidente encargado Juan Guiadó.

El pleno del TSJ se reunió en sesión extraordinaria para analizar una petición del fiscal general Tarek William Saab, con la finalidad de investigar la responsabilidad penal de Ramos Allup, Edgar Zambrano, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla, Amerigo de Grazia y Richard José Blanco.

La fiscalía general los acusó de traición a la patria, conspiración, instigar a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio.

El tribunal explicó que por incurrir en la comisión flagrante de delitos comunes no se procederá a un antejuicio de mérito. Esto retirará la inmunidad parlamentaria a los acusados y su enjuiciamiento corresponderá a los tribunales ordinarios en materia penal, según una decisión de la sala constitucional.

La corte ordenó remitir esta resolución a la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, sobre todo en el retiro de la inmunidad. También pidió notificar al fiscal que continúe el trámite de la causa penal.

Algunos de los dirigentes procesados aparecieron junto a Guaidó durante el fallido alzamiento del 30 de abril afuera de la base aérea generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

Las autoridades no se han pronunciado contra Guaidó por dichas acciones, pero la Constituyente aprobó un decreto para que se le retire la inmunidad parlamentaria, y además es investigado por su presunta implicación en los megaapagones del mes pasado, así como por supuestas irregularidades fiscales, al contar con mucho más dinero del que ha ganado con su trabajo.

El TSJ autorizó la semana pasada procesar a Édgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, en un juzgado ordinario, sin considerar su fuero, debido a varios delitos relacionados con la sublevación contra el presidente Nicolás Maduro.

Al desestimar la resolución, Ramos Allup afirmó en sesión parlamentaria que la Asamblea va a seguir en resistencia contra el grupo hamponil que ha tomado el poder por asalto. Más temprano que tarde van a tener que ceder el paso a la democracia venezolana.

Poco después, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y declarada en desacato, aprobó la ley de garantías pensada para proteger a funcionarios que desconozcan al gobierno bolivariano, con la intención de reinsertar al país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1954-2013) se ordenó en 2012 la retirada de Venezuela de ambos programas, por considerar que eran instrumentos regionales al servicio de los intereses de Estados Unidos, pero se hizo efectiva hasta un año después, en la presidencia de Maduro.

La Guardia Nacional Bolivariana se desplegó alrededor del recinto parlamentario para impedir el acceso a la sesión a reporteros y trabajadores que no tuvieran la acreditación correspondiente.

En Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que su gobierno responsabilizará a los 25 magistrados de la TSJ si no respetan el estado de derecho en Venezuela. Además, confirmó que se levantaron con efecto inmediato las sanciones impuestas a Christopher Figuera, ex jefe de inteligencia de Venezuela, quien apoyó un alzamiento contra Maduro, y prometió incentivos a militares que se sumen a Guaidó.

En tanto, Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, alertó sobre la existencia de un plan de Washington, propuesto por Erik Prince, fundador de la empresa estadunidense de mercenarios Blackwater, para financiar a 5 mil sicarios e invadir territorio venezolano desde Colombia.

El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela anunció en Costa Rica que enviará una misión de alto nivel a territorio bolivariano para vigilar la ayuda humanitaria y fomentar el diálogo.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad hizo un llamado a la conciencia del mundo por Venezuela con la finalidad de difundir con la verdad lo que sucede en el país petrolero. Ver el texto completo.