Hermosillo, Son., Los padres de los 49 niños fallecidos el 5 de junio de 2009 en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo, Sonora, dijeron estar indignados y sorprendidos por el carpetazo que anunció la Fiscalía General de la República (FGR) al caso, con el no ejercicio de acción penal contra los funcionarios inculpados de esa tragedia.

Los familliares agregaron que el proceso penal que se abrió de oficio aún se encuentra pendiente de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mañana de ayer salieron, como cada año, a marchar en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo. Junto con empleados afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, en el que se leyeron lonas y mantas con la leyenda Justicia ABC.

Noé Francisco García Quintana, padre de Alonso García Duarte, una de las víctimas, afirmó al ser entrevistado que la corrupción mata niños. Señaló que la FGR no encontró elementos para culpar a funcionarios de primer nivel, entre ellos al ex gobernador panista Eduardo Bours Castelo, así como al ex procurador estatal y ex diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez.

Aclaró que el expediente al que se refiere la FGR incluía peritajes que fueron ejecutados en 2015 y 2016, cuando obviamente y por sentido común se sabe que ya había pasado el tiempo, por lo que esos peritajes carecían de validez.

Agregó que el expediente que se encuentra en manos de la SCJN incluye como inculpados a un total de 19 funcionarios de mediano y bajo nivel, como los titulares de Protección Civil estatal y municipal, así como a tres supervisoras. En esta carpeta, además, fueron exonerados de la tragedia Gildardo Urquídez y Marcia Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la guardería y prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

García Quintana agregó que el expediente de oficio que se consignó al juzgado primero de distrito ya fue un resolutivo condenatorio que se dirime en el máximo tribunal en espera de su resolución y ejecución.

Gabriel Alvarado, abogado del grupo Manos Unidas, indicó que los deudos de las víctimas tienen 15 días para expresar su parecer sobre la determinación de dar carpetazo a la investigación, y responder a la consulta de no ejercicio de acción penal. Señalaremos todas las circunstancias que se han dejado u omitido dentro de esta indagatoria jurídica, por lo cual desde nuestra perspectiva resulta ser improcedente que se cierre.