Después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador criticó a las organizaciones civiles del país y anunció no darles recursos económicos, más de 300 colectivos y expertos elaboraron un manifiesto en el que reivindican la importancia de su labor y avisan que empezarán un proceso de construcción de consensos para actuar en conjunto.

En el comunicado –que cuenta con el apoyo de organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Serapaz y activistas como Miguel Concha y Michael Chamberlin– los firmantes externaron su preocupación por la ríspida relación entre el Presidente y los grupos de la sociedad civil.

Los colectivos recalcaron el trabajo que han realizado durante años en los más diversos temas y acontecimientos, como la promoción de los derechos humanos, la paz en Chiapas, la democracia sindical, la observación electoral, la aceptación de la diversidad, la protección del medio ambiente y la promoción de actividades productivas, entre otros.

Recordaron que han apelado a los convenios internacionales de derechos humanos firmados por México cuando ha habido necesidad de enfrentar a poderes económicos y políticos coludidos, y esperan que la rispidez en la relación del actual gobierno con las organizaciones de la sociedad civil no lleve a las autoridades a evitar el cumplimiento de dichos pactos.

Todo lo anterior lo hemos realizado desde hace décadas, la mayoría de las veces sin recursos públicos, sin detentar cargos de representación popular, hablando con los partidos y las autoridades sin convertirnos en sus clientelas, indicaron los colectivos.

Por eso, enfatizaron que descalificar a las organizaciones de la sociedad y afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la práctica gubernamental, ni en sus alianzas, ni en la integración del gobierno.

Aunque los colectivos y especialistas firmantes del documento defendieron el derecho de las organizaciones civiles a recibir financiamiento gubernamental, al mismo tiempo subrayaron que la discusión fundamental sobre el papel de la sociedad civil en la vida pública del país no es sobre el dinero, sino sobre la concepción de democracia y sobre el ejercicio irrestricto de los derechos humanos.

Agregaron que puede haber colaboración entre un gobierno que pretenda hacer cambios de fondo y organismos que impulsan la organización social para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, siempre que su punto de partida sea el diálogo y reconocimiento mutuo.

La democracia, aseveraron los firmantes del comunicado, requiere de contrapesos políticos y sociales. No puede contraponerse al pueblo y a la sociedad civil, ésta surge cuando aquél se organiza para exigir sus derechos. Como organizaciones de la sociedad civil, también somos pueblo consciente de sus derechos.