e ha dado a conocer la decisión presidencial sobre la desaparición de las zonas económicas especiales (ZEE). Este hecho se había enunciado en entrevista (La Jornada, 30/11/18). En aquel momento se vio como un atisbo esperanzador del necesario viraje frente al bloque de reformas estructurales que promovió el peñanietismo. Hoy damos cuenta de que la medida, aún por formalizarse, está lejos de implicar un replanteamiento a la línea marcada del impulso a megaproyectos a contrapelo de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de sustituir unos proyectos y unas regiones por otras. Así lo ha entendido el empresariado que, estando involucrado en las llamadas zonas económicas especiales, ahora habla de participar en el nuevo plan de inversiones.

Está vigente la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (DOF, 1/6/16) y sabemos que una ley se abroga por decisión del Congreso de la Unión. Lo que es factible de retirar desde el Ejecutivo son los decretos de creación de las ZEE que la ley referida asignó como facultad presidencial. De hecho, el anterior presidente avanzó al respecto y tres de ellas ya contaban con el decreto de creación (Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas), otras dos tenían el dictamen de aprobación (Salina Cruz y Progreso) y en las dos restantes (Tabasco y Campeche) se revisaba su dictamen. Ahora se anuncia que desaparecen y en su lugar se creará una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec –que une los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz–. Si revisamos los planteamientos de la ley de ZEE encontramos que son similares a los que ahora se señalan para el Istmo o para el tren que llaman Maya: se logrará la generación de empleos de alta calidad y bienestar social para la población, se focalizarán estímulos y otros incentivos de orden económico que favorezcan a las empresas que se establezcan en las regiones. A las empresas de las potenciales ZEE se les ofreció 100 por ciento de condonación de impuestos y ahora será un poco menos, además se anuncia un esquema mixto donde se harán partícipes a los dueños de las tierras de los supuestos beneficios en el caso del Istmo.

La ley de ZEE no fue objeto de consulta; sin embargo, en la misma se indica que con la finalidad de tomarlos en cuenta, realizarán la consulta previa, libre e informada y cualquier otro acto que se requiera para salvaguardar los derechos de pueblos y comunidades indígenas [artículo 18]. No habría necesidad de reiterarlo, sí de aplicarlo, no se hizo. En contraste, para el Istmo ya lo analizamos (2/4/19); se realizó una supuesta consulta regional que algunas organizaciones indígenas han calificado de simulación, con sólidas razones y han reiterado su rechazo al megaproyecto con el lema El Istmo es nuestro. Sin embargo, el pasado fin de semana el propio Presidente de la República dio por hecho la aceptación del proyecto que se ubicará en el Istmo de Tehuantepec: Ya se hizo la consulta y la gente está en favor del proyecto transístmico, ya se llevó a cabo la consulta hace como 15 días, y les vamos a informar. Lo que pasa es que se hizo el trabajo abajo, en los pueblos; ya se llevó a cabo la consulta. Ni modo, dijo, es una noticia mala para los conservadores. Perdieron. Lo que quieren es seguir robando, eso es lo que les importa y por eso quieren que nos vaya mal, nada más que se van a quedar con las ganas. En esta ocasión suponemos que los pueblos y sus organizaciones indígenas no son parte de los conservadores referidos, incluso en uno de sus eventos realizó una consulta a mano alzada entre los asistentes, que resultó favorable. Nada que ver con los estándares del derecho a la consulta.

A la fecha no se conoce el proyecto enunciado y ya fue aceptado, según se dijo. Un indicador de los resultados de la supuesta consulta es el tradicional uso de las demandas de quienes son invitados a estos eventos; así lo consignó el INPI: Entre las principales peticiones realizadas durante las asambleas regionales destacan la necesidad de impulsar la pesca y la agricultura en la región; la revisión de todos los parques eólicos que están funcionando en el Istmo; la participación de las comunidades en los programas de prevención de incendios forestales y la capacitación en el cuidado de las especies en peligro de extinción y áreas naturales; la atención a sus necesidades de infraestructura caminera; la construcción de una subestación eléctrica; la necesidad de un desarrollo integral que garantice la preservación del entorno natural y las culturas de los pueblos y la atención a los problemas de despojo de tierras y conflictos territoriales. (INPI 035/2019).

Está claro que al consenso democrático electoral en la elección presidencial se le está dando un uso contrario a lo que Garzón y Valdez denomina el coto vedado, esto es, el conjunto de derechos fundamentales que debe ser resguardado gane quien gane. En ello van los derechos de los pueblos indígenas.