urante una larga temporada (desde el último año de gobierno de Vicente Fox hasta el último de Enrique Peña Nieto), Isabel Miranda de Wallace ejerció el poder de entreverarse y torcer el funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia a cuenta y cuento de una autoasignada representación de la sociedad civil que avalaba o rechazaba, según los vaivenes políticos, los planes gubernamentales en materia de seguridad pública y combate a la criminalidad y los informes oficiales de resultados en esas materias.

Protegida del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, y de su vicepresidente ejecutivo en materia policiaca y de espionaje, Genaro García Luna, la señora Miranda de Wallace se convirtió en asistente frecuente (casi indispensable) a las ceremonias y reuniones de ese corte, al igual que lo fueron haciendo otros ciudadanos golpeados trágicamente por acontecimientos criminales: muertes, desapariciones, secuestros.

Ella preside la organización Alto al Secuestro y se define en su cuenta tuitera como una activista dedicada a defender derechos humanos de las víctimas del delito. Recibió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que le entregó el mentado Calderón Hinojosa, cuya administración fue particularmente violatoria de esos derechos, a título de la nefasta guerra contra el narcotráfico. En 2012 fue candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno de Ciudad de México.

Frente a un contexto pantanoso, ha sido creciente la investigación periodística que ha ido señalando irregularidades y francas falsedades en el expediente de los presuntos hechos de secuestro y asesinato del hijo de la señora Miranda de Wallace. Esta semana, en la revista Proceso, el periodista y escritor Ricardo Raphael hizo un recuento de la más reciente acusación de mendacidad adjudicable a la mencionada activista, en una relatoría que parecería pertenecer al género de la novela negra, pues la gota de sangre, sobre la cual se fundó todo el desarrollo de un proceso que ha mantenido en prisión durante largos años a varios presuntos responsables, no pertenece al código genético del padre formal, el señor Wallace, pues el padre biológico es un primo de la señora Miranda, de apellido León.

No es un asunto de sábanas ni invade el respetable ámbito privado de las personas: es una precisión que puede significar el derrumbamiento de todo el armado judicial logrado hasta ahora por la madre del joven que en todo caso podría ser considerado como desaparecido. Podría significar la liberación de personas inocentes y la confirmación de un comportamiento mafioso que castigó a quienes eran señalados por una particular y que permitió la construcción de una figura pública representativa de la sociedad civil, luego asociada a las tareas de los poderes públicos desde un posicionamiento independiente.

A estos señalamientos, que son una continuidad de lo publicado en otros momentos por las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga, y que han denunciado personajes como la ahora senadora morenista Nestora Salgado, ha respondido Miranda de Wallace con una fuerte acusación contra el presidente López Obrador, a quien ha mencionado como apoyador de secuestradores. Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, cargó la tinta en adjetivos y en consideraciones personales, sin entrar al fondo del asunto, que se refiere a las pruebas documentales de que el proceso relacionado con su hijo desaparecido, Hugo Alberto, se ha sustentado en una gota de sangre que no correspondería genéticamente al padre acreditado para diligencias forenses y que pudo haber sido sembrada con fines distorsionadores.

Tal como estaba binacionalmente previsto, el congreso mexicano aprobó las reformas laborales que Estados Unidos ha demandado para avanzar en la aprobación legislativa del nuevo tratado de libre comercio en Norteamérica. Entre otras consecuencias, habrá un inicio de democracia sindical y se eliminarán abusos contra trabajadores.

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