l titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo ayer que si se comprueba que el agua mineral Peñafiel que se vende en México tiene un contenido de arsénico superior al permitido por la norma, esa dependencia procederá a retirar el producto del mercado. El funcionario comentó que en Estados Unidos la bebida ya fue sacada de los anaqueles por algunos supermercados y tiendas, e informó que Keurig Dr. Pepper, empresa propietaria de la marca Peñafiel, debió entregar ayer mismo el requerimiento de información que le fue turnado el miércoles de la semana pasada por la Profeco.

Desde el mismo 24 de abril, la propia Keurig Dr. Pepper anunció que había suspendido la producción de Peñafiel, luego de que se dio a conocer una investigación de la revista estadunidense Costumers Report (CR), que reveló la presencia de 17 partes por billón (ppb) de arsénico en esa bebida, en contraste con una recomendación cinco veces menor: tres ppb, y muy por encima de la norma adoptada por la Oficina de Alimentos y Medicamentos del país vecinos (FDA, por sus siglas en inglés) de 10 ppb. Ayer también, la portavoz de la compañía refresquera, Katie Gilroy, confirmó que las plantas de Tehuacán (Puebla) y Tlajomulco (Jalisco) mantienen suspendida la producción de agua mineral sin sabor, cuyos análisis arrojaron arsénico en niveles ligeramente elevados, en tanto que otros productos saborizados de la misma marca están dentro de las pautas.

Es pertinente, en primer lugar, despejar rumores sensacionalistas injustificados: en condiciones normales, el arsénico está presente en el aire, el agua y el suelo, si bien en cantidades casi infinitesimales, y algunas moléculas de más, como ocurre en el agua mineral Peñafiel, no conllevan el peligro de un inminente envenenamiento masivo; a la larga podrían llegar a tener, sí, consecuencias nocivas para la salud de los consumidores regulares. Aun con esta consideración en mente, es preocupante que, a más de una semana de que se conoció la investigación de CR, las autoridades no hayan adoptado medidas de prevención para eliminar riesgos, por pequeños que sean, y no hayan ordenado retirar de los aparadores los lotes que se presumen contaminados.

No se debe ignorar, ciertamente, el elevado costo económico ni las complicaciones logísticas que conlleva una decisión semejante, pero si la propia empresa fabricante de Peñafiel ha detenido la producción y si sus distribuidores al menudeo en Estados Unidos han retirado la bebida, resulta inevitable concluir que Profeco actúa, en este caso, a la zaga de los acontecimientos y con una lentitud injustificable.

Sorprende, finalmente, que la determinación del organismo público dependa de los reportes elaborados por la propia empresa. Es claro que el Estado debe contar con laboratorios y sistemas de análisis que le permitan detectar con precisión y agilidad posibles compuestos riesgosos en los productos de venta al público, que informe con transparencia y puntualidad y que intervenga de manera oportuna en defensa de la salud de los consumidores.