El expediente de la represión contra el magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007 será presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por considerar que los agravios y los estragos perpetrados por el ex gobernador priísta Ulises Ruiz siguen vigentes y porque se enmarcan en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que después de esos hechos se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país.

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, acompañado por tres víctimas de persecución y tortura de esos hechos –Flavio Sosa, César Mateos y Emeterio Marino Cruz– y un integrante de la ya disuelta Comisión de la Verdad de Oaxaca –Diego Osorno–, pedirá a la CPI que admita su informe para ser investigado por este tribunal internacional.

En entrevista, Peimbert, quien todavía tiene personalidad jurídica para presentar este expediente como ombusdman de su estado (su gestión concluye el 9 de mayo), explicó que al sistematizar las denuncias de las víctimas de la APPO y las circunstancias de estos hechos puede definirse con claridad la hipótesis de cómo Oaxaca constituyó un ensayo de modelo de represión que a partir de 2006, todavía con Vicente Fox en la Presidencia, se replicó en varias ocasiones y diversas entidades.

Fue –aseguró– “una ecuación comprobada aplicada por Ulises Ruiz, en la que se utilizaron fuerzas parapoliciales para colaborar y hacer el trabajo sucio de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y es el primer caso en que se comprueba la participación en estas acciones miembros del crimen organizado, específicamente Los Zetas, a partir de los testimonios de las víctimas”.

Durante la represión del movimiento de las barricadas en 2006, iniciado por los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al que se adhirieron varias organizaciones populares y activistas no sólo de la capital estatal sino de otros municipios, actuaron las llamadas caravanas de la muerte coordinadas por la policía estatal. El saldo en ese momento, documentado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, fue de 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas la del periodista estadunidense Bradley Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada y la desaparición forzada de dos personas, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

Existen antecedentes de informes presentados por grupos humanitarios por casos de privación violaciones de lesa humanidad en México frente a este tribunal, como el reporte del caso de Coahuila (2009-16) y el de hechos ocurridos durante el Operativo Conjunto Chihuahua (2006-10).

Competencia de la CPI

Peimbert considera que hay probabilidades para que la CPI admita el caso de Oaxaca porque se demuestra que se creó un modelo de intervención policiaca fuera de protocolo, que después se generalizó en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Arantepacua y sobre todo en el caso Ayotzinapa. Agrega que el informe que presentarán en La Haya reúne todos los requisitos de competencia de la CPI.

Las pruebas y testimoniales que integran este expediente forman parte de un reporte que en su momento no fue hecho público por la Comisión de la Verdad de Oaxaca. El informe que sí fue público fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió una resolución. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el caso de Oaxaca y resolvió que sí hubo violaciones graves. Pero los dos pronunciamientos no tuvieron consecuencias legales para los responsables.

Con esto, la litis se agotó en México, por lo que la defensoría que hasta ahora presido abrió esta oportunidad jurídica en el tribunal internacional.

Durante los sucesos de 2006 y 2007 en Oaxaca Arturo Peimbert era defensor de derechos humanos y prestaba sus servicios en la diócesis. Uno de los pocos efectos positivos de esa crisis fue la creación de la defensoría. Ya en esa calidad, al defensor le tocó intervenir en la crisis de Nochixtlán, ocurrida 10 años después, el 19 y 20 de junio de 2016.

La forma en que intervino el Estado en ese momento, ya con Gabino Cué en el gobierno estatal y Enrique Peña Nieto como presidente, fue una repetición del modelo de represión contra la APPO, con el mismo patrón de secuestro, tortura y ejecuciones. El caso de Nochixtlán, agrega, ilustra las consecuencias de la impunidad institucional.