ontra viento y marea, el presidente López Obrador intenta reflotar a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que la ex paraestatal retome el camino productivo, erradique la corrupción, reconstruya sus finanzas y contribuya al desarrollo nacional. Cierto es que la tarea es por demás complicada, aunque no imposible.

Quienes en gobiernos anteriores se mantuvieron silenciosos ante el constante deterioro de la ahora empresa productiva del Estado, ahora ponen el grito en el cielo por el notorio deterioro de Pemex y achacan culpas a la administración entrante, con todo y que nosotros no teníamos nada que ver con el gobierno (anterior), pero nos toca pagar los platos rotos (por) una política económica ineficiente caracterizada por el saqueo y la corrupción (AMLO dixit).

Seis gobiernos neoliberales al hilo destrozaron a Pemex, siempre en aras de abrir brecha para lograr su anhelada privatización energética sin dejar de exprimir (corrupción incluida) y, paralelamente, endeudar, a la empresa.

Como bien advierte el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes–, Pemex ha requerido de recursos adicionales (obtenidos mediante deuda) para su operación, debido a diversos factores, entre los que destacan, en primer lugar, su función de financiamiento del Estado mexicano, que implica un régimen fiscal oneroso, el cual, a pesar de haberse flexibilizado al paso de los años, continúa siendo muy gravoso para la empresa, hecho que, combinado con las necesidades de altos montos de inversión, propios del sector, y aunado a la falta de una adecuada planeación financiera, ha generado una tendencia al endeudamiento de la empresa.

En años recientes (concretamente entre 2010 y 2018) esta situación se acentuó, debido a la creciente declinación de la producción petrolera y a la alta volatilidad de los precios de exportación. Y en materia de endeudamiento se aprecia que las condiciones financieras en términos de plazo y costo no fueron las más favorables debido a que se hicieron diversas colocaciones a plazos menores de cinco años y mayores tasas de interés, lo que podría estar afectando la situación financiera de la empresa.

Hasta antes de la reforma energética la contratación de deuda de la ex paraestatal estaba a cargo del gobierno federal, pero administrada y registrada por ella. A partir de 2015 se otorgó a Pemex un régimen especial, con mayor autonomía, para acudir a los mercados financieros y contratar financiamiento, con lo que el gobierno federal dejó de ser el garante financiero de su débito.

Desde 2010 la deuda de Pemex observó una tendencia creciente, acentuada a partir de 2013 (año en que se presenta la reforma energética al Congreso), debido a factores como el incremento de requerimientos para mantener en línea los gastos de inversión con los planes de negocio, la reducción de la producción y una caída generalizada del precio de los hidrocarburos.

Entre 2010 y 2018 las obligaciones financieras de Pemex se incrementaron a una tasa media de crecimiento anual de 12 por ciento en términos reales, pero llegó a 18.5 sólo con Peña Nieto. Destacaron los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, con avances de 31.1, 27.6 y 25.4 por ciento en términos reales, respectivamente.

De 2010 a 2018 el saldo de la deuda de Pemex se multiplicó por tres, al pasar de 649 mil millones a poco más de 2 billones de pesos (casi un billón 300 mil millones corresponden al sexenio peñanietista, el de la reforma energética), de los que alrededor de 86 por ciento es deuda externa y el resto interna. En ese periodo el costo financiero aumentó, en promedio, 4.4 por ciento en términos reales.

Y todo ello se registró entre 2010 y 2018, no a partir de diciembre de 2019.

Las rebanadas del pastel

Con el peor resultado de su historia, el neofranquista Partido Popular se hundió en las elecciones españolas, lo que constituye una excelente noticia. El PSOE sería el ganador (sin mayoría absoluta para formar gobierno), lo que quién sabe si es una buena nueva. Podemos puede ser la diferencia.

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