n Minatitlán les fueron colocados brazaletes con las siglas GN (es de entenderse que significan Guardia Nacional) a militares y policías que proporcionaron el más aparatoso cuadro de protección armada a una gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una improvisación, forzada por el cuadro trágico sucedido una semana antes en aquella población veracruzana. El propio titular del Poder Ejecutivo federal mencionó que ese día y en ese lugar se estaba instalando la coordinación de la mencionada guardia, en un fraseo relativamente esquivo que podría más adelante argüir que no se estaba adelantando abiertamente (o violentando) a los tiempos legislativos, que aún no cierran el círculo de legalización del tema, sino, simplemente, instalando una coordinación administrativa, casi un lance burocrático de menor calado.

Sin embargo, también fue un gesto indicativo: con uniforme nuevo o sin él, con leyes secundarias o sin ellas, con marco jurídico completo o no, el accionar de la mencionada guardia descansará de manera central y definitoria en las fuerzas armadas como tales y lo importante y urgente serán los resultados.

Al presidente López Obrador le urge bajar las cifras de la estadística criminal y la percepción social de que hay una violencia desbordada y una generalizada incapacidad de los mandos políticos para enfrentar tal proceso que es tan socialmente angustiante. En la madrugada de este domingo fueron asesinadas 11 personas en dos ciudades importantes: seis en Guadalajara, afuera de un domicilio particular, y cinco en Chihuahua, en el marco de una fiesta.

Hay, desde luego, bandos políticos contrarios al obradorismo que casi festejan los datos que muestran el primer trimestre del año en curso como el más violento de la historia documentada respecto al crimen organizado. Difunden con entusiasmo las estadísticas para hacer ver que, al menos en términos numéricos, las cosas no han cambiado e incluso van peor. Esas manipulaciones e intrigas, sin embargo, no disuelven el hecho a la vista: el inicio de la nueva administración federal no ha logrado revertir tales cifras con la rapidez electoral prometida. Cierto es que en un puñado de meses no se puede cambiar una realidad de dos sexenios de violencia acumulada, pero en este tramo de arranque tampoco se advierten hechos o signos fundadamente alentadores.

Luego de un largo rechazo a la militarización, durante sus campañas electorales, López Obrador se entregó a un pragmatismo extremo, rehabilitando al Ejército como eje de control social y, en particular, de la nueva temporada la misma película, ya conocida, de la guerra contra el narcotráfico. El general Luis Cresencio Sandoval ha asumido un rol público de primer nivel y la Secretaría de la ­Defensa Nacional se ha convertido en una espe­cie de coayduvancia para la atención y solución de problemas sociales varios, desplazando a la Secretaría de Marina (cuyo titular, el almirante José Rafael Ojeda Durán, parece satisfecho con el papel en segundo plano que se le ha venido asignando) y tomando abiertamente el control de la multimencionada Guardia Nacional a través del jefe de este cuerpo, el general Luis Rodríguez Bucio.

Poco peso real tienen los civiles que podrían hacer algo de contrapeso: el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, hace méritos de disciplina con la vista puesta en la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se ha desgastado en muy poco tiempo, entre rumores (de estado de salud, de renuncia, de distanciamientos) y pocos pasos alentadores y eficaces en cuanto a procuración de justicia.

Otro tema que muestra improvisaciones y genera desasosiego es el de las consultas legales relacionadas con proyectos del sur mexicano, especialmente por cuanto al Tren Maya, el corredor transístmico y otros proyectos desarrollistas.

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