Chihuahua, Chih., La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno de la República ignoran la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) de re-parar los daños causados a familiares de víctimas de desaparición forzada durante la guerra contra el narcotráfico emprendida en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, criticó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), a más de cuatro meses que esa instancia notificó al gobierno de México su resolución.

El Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad; investigar y castigar el caso Alvarado Espinoza, porque está incluido en las sentencias que la Coridh dio a conocer al Estado mexicano los días 20 y 21 diciembre de 2018 sobre su responsabilidad en violaciones a derechos humanos en ese y en los casos de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco y el caso Trueba Arciniega, recordó.

Militares que participaron en 2009 en el Operativo Conjunto Chihuahua incursionaron el 29 de diciembre de ese año en el ejido Benito Juárez, donde realizaron cateos y detenciones ilegales, se llevaron a Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, hasta hoy desparecidos.