n su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró un señalamiento que ha formulado en diversas ocasiones sobre las llamadas reformas estructurales del sexenio pasado: se trató, dijo, de modificaciones constitucionales y legales impuestas y ordenadas desde el extranjero e impulsadas por organismos financieros internacionales.

Resulta difícil negar el aserto presidencial a la luz de los documentos y posicionamientos públicos y conocidos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, sobre todo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de sus insoslayables coincidencias generales y particulares con las modificaciones a los marcos laboral, fiscal, energético y educativo que fueron aprobadas en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, en las postrimerías del de Felipe Calderón y en los primeros dos años del de Enrique Peña Nieto.

Es claro, además, que ese conjunto de alteraciones de fondo a la organización misma del país obedeció, en todas sus expresiones, al interés de ensanchar las lógicas de mercado en los sectores afectados, de maximizar el papel de lo privado en detrimento de lo público, de convertir derechos básicos e inalienables en oportunidades de negocio y de introducir las lógicas de la oferta y la demanda en actividades sociales y estratégicas que nunca debieron ser sustraídas al control del Estado.

El ciclo de esas reformas, que llegó a su periodo más brutal en la administración anterior al amparo del Pacto por México, una negociación cupular a tres bandas que permitió a Peña Nieto lo que ni Calderón ni Vicente Fox habían conseguido: legalizar un paradigma educativo ajeno a las robustas tradiciones institucionales y sociales de la enseñanza nacional –de las que las normales rurales son un claro ejemplo–, ceder a los capitales privados un enorme filón de la producción, distribución y comercialización en el sector energético –hidrocarburos y electricidad– y transferir a la ciudadanía los costos de la merma de la renta petrolera. En el ámbito laboral se experimentó, asimismo, una combinación nefasta: el retroceso de los derechos laborales y la persistencia de las estructuras antidemocráticas y opacas del sindicalismo oficial.

Es pertinente señalar que estos procesos re- formadores supeditados al extranjero, regresivos y antipopulares constituyen el telón de fondo de las arduas negociaciones en torno a una nueva legislación educativa y de los forcejeos por el control de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, una entidad autónoma con un poder desmesurado y excesivo que anula muchas de las potestades gubernamentales y que fue incrustada en la Constitución y las leyes secundarias con el claro propósito de desmantelar las industrias petrolera y energética de la nación.

En suma, el empeño por revertir esas reformas, así sea de manera parcial e incompleta, constituye a fin de cuentas un trabajo de reconstrucción de la soberanía y un esfuerzo por restituir la coherencia y la integridad al ejercicio gubernamental y al correcto funcionamiento de la economía.

Cabe esperar, por ello, que se logre avanzar en la tarea.