Mónica fue testigo de la forma como maltrataron a su esposo. Uno tras otro los abusos se acumulaban. Golpes en todo el cuerpo, incluso con un látigo de espuelas que le arrancaba la piel de la espalda. No fue suficiente: la mujer fue obligada a presenciar cómo le quitaron el pantalón para desollarle el muslo izquierdo. El tormento fue tal que Alfredo no lo soportó. No sobrevivió a la tortura, pero de su cuerpo nada se sabe. Eso no sería lo peor. El suplicio para ella apenas comenzaba.

Cerca de las 10 de la mañana del 12 de febrero de 2013, en Torreón, Coahuila, cinco policías municipales detuvieron arbitrariamente a Alfredo, a Mónica y a su hermano Édgar. Los llevaron a una bodega donde varios uniformados –vestidos de policías y militares, de acuerdo con los testimonios– los torturaron.

A los hombres los desnudaron. Los golpeaban con tablas, látigos y martillos en pecho, espalda y piernas. Aterrada, Mónica deseaba detener esa terrorífica escena. Sus súplicas fueron en vano. Siguió ella: la golpearon con tablas y puños por todo el cuerpo. Le decían que si no se confesaba culpable la descuartizarían. La tocaron y la violaron de manera tumultuaria vía vaginal, anal y oral. Después violaron a su esposo delante de ella.

Tras varias horas de tormento, los policías los condujeron a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Alfredo apenas podía moverse, se arrastraba. Los encerraron en un baño. Nadie les decía nada, desconocían el motivo de la detención y menos aún entendían por qué los torturaban. Mientras eso sucedía, los padres de Mónica hacían todo lo posible para encontrarlos.

Horas después volvieron a violar a Mónica y les advirtieron que los encerrarían en la cárcel. Los trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Torreón. En el camino, Alfredo murió frente a su esposa. Los policías se llevaron el cuerpo y ni ella ni su familia saben qué hicieron con él.

Sin informales los cargos en su contra, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México. Ahí, un agente del Ministerio Público les advirtió que si no firmaban su confesión, su madre y los hijos de Mónica serían asesinados. Terminaron declarándose culpables de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Desde entonces están detenidos en centros federales de readaptación social. Ella en el de Coatlán del Río, en Morelos; Édgar en el de Gómez Palacio, Durango. Son procesados en el juzgado primero de distrito en La Laguna, en Torreón.

Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes acompañan el proceso, exponen que no hay elementos para mantenerlos en prisión. Detallaron que recientemente terminó la etapa de desahogo de pruebas y en breve la Fiscalía General de la República deberá decidir si sigue con la acusación o la retira. Confiaron en que sea la segunda opción, pues las únicas pruebas en su contra son las confesiones firmadas bajo tortura.

El caso de Mónica está documentado en los análisis Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres policías y fuerzas armadas en México y Mujeres con la frente en alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, publicados por Amnistía Internacional en 2016 y el Centro Prodh en 2019, respectivamente. Además, será uno de los procesos que se presentará ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, como parte de la evaluación del Estado mexicano ante esa instancia internacional, que se realizará del 24 al 26 de abril en Ginebra, Suiza.

Martha Castro y Rogelio Menchaca, padres de Mónica y Édgar, detallaron la forma en cómo aquel suceso transformó radicalmente la vida de su familia. Los hijos de ella son quienes más lo han sufrido.

La familia ha sido amenazada, perseguida y constantemente vigilada. Debido a ello tuvieron que mudarse a Mazatlán, Sinaloa, pero la suerte no los favoreció por lo que un año después regresaron a Torreón, donde siguen viviendo con miedo.