100 años del asesinato de Zapata, circula ya la versión de que éste podría ser su siglo.
El relato empieza con un ajuste de cuentas. Los historiadores registran la traición de Madero y cargan el crimen en la cuenta de Carranza. Pero la traición, el crimen y el empeño aún más grave de asesinar la memoria de Zapata deben atribuirse a los revolucionarios
de 1910, a los gobiernos de la Revolución
hasta José López Portillo y a todos sus sucesores, hasta hoy, así como a las élites a cuyo servicio han estado.
Una forma simple de empezar el ajuste de cuentas es hacerlo con el ejido. El zapatismo buscaba recuperar los espacios en que los pueblos practicaban sus formas de vivir y gobernarse. En la Comuna de Morelos, como llegó a llamarse aquella experiencia notable, los pueblos recibieron reconocimiento completo y a perpetuidad de sus tierras y aguas, de sus ejidos. Las leyes que Zapata hizo valer en 1916 y 1917 les garantizaban autonomía y formas propias de gobierno. El Estado
se formaba paso a paso como comunidad de pueblos
, de naturaleza anticapitalista.
Desde Carranza, en cambio, los gobiernos sólo han querido actualizar y administrar las formas políticas de la sociedad capitalista, para su expansión, adaptándose a las modas y exigencias de los últimos 100 años. Para ese diseño, tenían que asesinar a Zapata y liquidar o pervertir el zapatismo. Hicieron compromisos con muy diversas facciones. Ninguno era posible con el zapatismo. No cabe en ese diseño.
Aunque la Constitución de 1917 representó una fórmula de compromiso, quedó en ella una fórmula marrulleramente antizapatista. Tras reivindicar que la tierra es de la nación, se afirma que ella
puede constituir la propiedad privada al transferir su dominio a particulares. Se afirma también el derecho de quienes carezcan de tierra suficiente a que se les dote de ella y el derecho de quienes guarden el estado comunal de disfrutar en común sus tierras, pero sujetando todo esto a la ley del 6 de enero de 1915, de Carranza. En esa ley se planteó expresamente que no se trataba de revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes, sino únicamente de dar tierra a la población miserable que carece de ella
. De este modo quedó grabado en la Constitución su aliento antizapatista y así se imprimió en todas las leyes agrarias formuladas desde entonces.
Puesto que la nación
sólo adquiere existencia real en el gobierno, todo lo relativo a tierras y aguas quedó en estos 100 años en las manos de una entidad cada vez más incompetente y corrupta, siempre al servicio del capital. Por un siglo los pueblos han tenido que padecer todo tipo de atropellos y enfrentar toda suerte de obstáculos para defender sus derechos originarios, los que tenían mucho antes que la nación
adquiriese una forma de existencia legal, esos derechos que el zapatismo reconoció plenamente.
La reivindicación actual no significa regresar a 1992, cuando se liquidó el régimen agrario de la Revolución y se dio fin a la anomalía, en una sociedad capitalista, de que una parte de la tierra estuviera fuera del mercado y de la propiedad privada. La reforma liberó al ejido carrancista
del férreo control estatal, pero sólo para someterlo al del mercado. Lo que hoy hace falta es desmontar el delirio antizapatista de 100 años, que al supeditar a los pueblos al Estado o al mercado subordina todo al capital. El referente no es 1917, 1992 o los años anteriores a la reforma salinista. Es el zapatismo de Zapata, la Comuna de Morelos.
Esto es lo que reclama el zapatismo de hoy y lo que se habría acordado en San Andrés. Del mismo modo que consultas manipuladas pretenden estar ajustadas a normas nacionales e internacionales, se prepara ahora el cumplimiento
de los acuerdos. Es una trampa infame. En vez de respetar plena autonomía de los pueblos y la decisión de seguir su propio camino, la actual administración se ha propuesto someterlos. Sus proyectos estelares, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, tienen un signo claro: subordinar la vida de la gente del sureste a una lógica que les es enteramente extraña… ¡por su propio bien!
Se habla de ecoturismo o de empresas turísticas comunitarias como velo encubridor. Las grandes empresas turísticas no invierten ya en hoteles, trenes o líneas aéreas: son dueñas de turistas y los mueven de un lado a otro en función de los arreglos que imponen a los agentes locales. El corredor quiere someter una de las zonas más ricas del país a una lógica del comercio internacional en que ni los pobladores ni el gobierno mexicano tendrán mayor cosa que decir o hacer.
La tradición de Emiliano Zapata, que el EZLN actualizó y renovó, apunta hoy a formas de existencia social que representan una innovación radical. Circulan por el mundo como baluartes ante el horror y como posibilidades reales de mundo nuevo. Este ha de ser su siglo, cuando la gente construirá su vida sin subordinarse al Estado o al mercado, al capital.
