Chimalhuacán, Méx., Irinea Buendía Cortés, una de las principales activistas contra el feminicidio, señala que Chimalhuacán es un municipio donde ninguno de los tres niveles de gobierno hacen valer lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en 2015: todo homicidio violento de mujer debe investigarse con perspectiva de género.

La sentencia del máximo tribunal del país fue a partir del asesinato de su hija Mariana Lima Buendía, en junio de 2010, el cual sentó jurisprudencia en el país. Irinea Buendía sostiene que no se ha hecho valer la ley en Chimalhuacán, ni en el estado, ni en ninguna otra entidad en la cual se hayan perpetrado feminicidios.

La luchadora social denuncia que en el caso de su hija, abogada de 29 años, la impunidad persiste. Ya pasaron cuatro años de que la SCJN ordenó al gobierno mexiquense reponer el proceso judicial por la muerte de Lima Buendía.

Desde entonces, el juez en turno ha sido cambiado cinco veces; mientras, el presunto homicida de Mariana, su pareja sentimental, el ex policía ministerial Julio César Hernández Ballinas, continúa bajo proceso, pues aún no se ha dictado sentencia en los juzgados del penal Neza-Bordo.

La injusticia también es para otras mujeres asesinadas en Chimalhuacán, advierte. La policía municipal es la primera que tiene conocimiento y se supone que debe acordonar el lugar de los hechos y nada; y en las evidencias es lo mismo, como en el caso de la niña Giselle la sociedad tuvo que organizarse para buscarla, reprocha.

Irinea recuerda el feminicidio de Diana Velázquez, también en Chimalhuacán, el 2 de julio de 2017; el cual estuvo plagado de irregularidades pues inicialmente su cadáver fue identificado como el de un hombre; fue hallado 12 horas antes de que la familia presentara la denuncia y fue llevado al forense del Centro de Justicia Neza Palacio, donde los parientes de la joven de 24 años lo hallaron 24 días después.

Se investigará si aparece encuerada

Cuando la familia de Diana denunció el crimen ante las autoridades de Chimalhuacán, personal de la agencia del Ministerio Público le respondió: el caso de su hija sólo se investigará como feminicidio si aparece encuerada y violada.

En los ayuntamientos sigue esa resistencia para volver a investigar con perspectiva de género. Los ministerios públicos que son los primeros que toman conocimiento de los casos, desconocen que se trata de investigar con perspectiva de género y diligencia, expone.

Irinea Buendía está por cumplir nueve años luchando en la búsqueda de justicia por el crimen de su hija. Ha recorrido casi todo el país, donde ha apoyado a otras familias en desgracia y cuando habla lo hace con conocimiento de causa.

Las propias mujeres deben buscar sus estrategias para protegerse, porque ya no se puede andar sola, sino siempre en grupo, porque de otra manera se corre el riesgo de ser levantada. La autoridad no tiene voluntad política de hacer las cosas como se deben, por eso no se detienen los feminicidios en Chimalhuacán, sostiene.

Silvia Vargas Velasco vive en carne propia la travesía que sufrió Irinea Buendía Cortés. En 2014, su hija María Fernanda Rico Vargas murió en un departamento de Ecatepec. La policía determinó que se trató de un suicidio e intentó cerrar el caso. Cuando Silvia recibió el cuerpo para velarlo y sepultarlo, notó que su hija tenía lesiones en el antebrazo izquierdo; los dedos estaban lastimados y había huellas de amordazamiento. En el caso de mi hija hay bastantes omisiones y mentiras. Yo sí me atrevo a decirlo: hay bastante corrupción.

Asegura que su hija no era alcohólica ni drogadicta; sin embargo, “así la catalogaron; la tercera mentira es que el médico que le hizo la autopsia no declara las lesiones en el cuerpo de mi hija y la cuarta y la más grave de todas, es que pierden toda la cadena de custodia para no investigar con perspectiva de género y la debida diligencia.

Por eso estoy aquí levantando la voz, expresa. Con la ayuda de Irinea Buendía, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de al menos 10 mujeres más que exigen justicia para sus hijas asesinadas, Silvia Vargas logró que se exhumara el cuerpo de María Fernanda, quien tenía 25 años, y se investigue su muerte con perspectiva de género.

Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, quien apareció sin vida en Ciudad Universitaria, no sólo lucha por justicia para su hija; se ha dedicado a mantener la batalla porque se castigue a los feminicidas mexiquenses. Este caso también se catalogó como suicidio, pero la Procuraduría de Justicia capitalina se retractó cinco meses después, y en 2017 decidió investigar con perspectiva de género.

Cada día nos enteramos que hay más mujeres asesinadas, violentadas, desaparecidas, y no termina. Esto parece que empieza, parece que se va multiplicando y no hay nada qué hacer, apunta Silvia. Dice que el ejemplo de Irinea le da esperanza para seguir luchando y ella la asesora sobre lo que debe hacer para que las autoridades investiguen con perspectiva de género.

La impunidad, resalta, nos recuerda que hay que levantar la voz porque tenemos algo que ellos no tienen: se llama dignidad y tenemos esa voz para exigir justicia en todas partes donde podamos.

Araceli Osorio exhorta a otras mujeres a no rendirse ante la omisión y el incumplimiento de la sentencia de la SCJN. “No queremos una autoridad omisa, o que por acción interrumpa nuestros procesos, para asegurarle impunidad a esos asesinos y violadores.

No queremos eso y se lo tenemos que recordar, porque todos los días nosotras nos acostamos y nos levantamos con el rostro de ellas.

Para Irinea Buendía es un hecho que, ante la omisión de las autoridades para hacer valer la sentencia de la SCJN, lo único que queda es luchar porque sólo juntas y unidas, vamos a lograr justicia.