A pesar de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la alcaldía Tlalpan reconocieron que la gasolinera de la empresa CorpoGas no puede establecerse en el pueblo de San Pedro Mártir, magistrados de la quinta sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México decidieron autorizar su operación.

Hugo Carrasco, María Eugenia Meza y Erwin Flores decidieron sobreseer el proceso legal sin considerar que todos los documentos emitidos son ilegales, denunciaron integrantes de los Pueblos y Colonias del Sur, quienes se han opuesto a la gasolinera por el peligro que representa para los habitantes.

Ante las sospechas de posibles actos de corrupción por parte de los magistrados, los vecinos pidieron se realice una investigación, porque saben que CorpoGas es dueña de 176 gasolineras en siete estados del país y fue el mayor vendedor de combustible entre 2003 y 2008, por lo que tiene todo el poder económico para contratar a los magistrados y que resuelvan a su favor.

Durante siete años de litigio el caso se ha resuelto ilegalmente en contra de nuestro pueblo, aun cuando no hay ningún argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera.

En febrero pasado apenas se había ejecutado la sentencia emitida por el décimo quinto tribunal colegiado en materia administrativa que ordenó la suspensión de actividades, para que en marzo se determinara la apertura, porque los magistrados no fueron al fondo del asunto, indicaron.

Ante la determinación, los activistas manifestaron su hartazgo por la corrupción e impunidad que impera en el tribunal. Señalaron que la conducta de Hugo Carrasco Iriarte y el resto de los magistrados de la quinta sala del TJA no cumplen con la normatividad convencional internacional para combatir la corrupción.

Ante presuntas irregularidades, el pueblo originario de San Pedro Mártir denunció al magistrado Hugo Carrasco Iriarte y como evidencias presentaron las resoluciones emitidas a favor del interés particular por encima de toda una comunidad en riesgo.

Asimismo, expusieron que la resolución de los magistrados contraviene las leyes y no cumplen con la obligación de actuar en pro del interés público. Al permitir la operación de la gasolinera, aseguraron, se socava la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.