La falta de pago a los médicos residentes no debe minar la atención en los servicios de salud a la población en general, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que demandó que se resuelvan las inconformidades planteadas por estos profesionales.

El organismo solicitó a las autoridades federales la aplicación de medidas cautelares para garantizar el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía. Lo anterior, advirtió, porque existe en riesgo de que en 68 unidades médicas de 24 entidades del país se reduzcan los servicios debido a las demandas de los médicos residentes.

En sendos documentos dirigidos a los titulares de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer; y de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Germán Martínez y Luis Antonio Ramírez, la CNDH demandó que se adopten medidas de carácter urgente para proteger dicho derecho, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, particularmente en los hospitales que podrían verse afectados por el movimiento de los médicos.

Como consecuencia del retraso en su pago salarial, de los descuentos en sus percepciones y la falta de claridad en la figura política del médico residente, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes señaló que a partir del lunes 15 de abril 68 hospitales de 24 estados únicamente operarían en áreas críticas como urgencias y obstetricia.

Soluciones

La CNDH expresó su preocupación por la situación de esos profesionales, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, por lo que demandó a las autoridades atender y resolver sus inconformidades.

Existen vacíos legales de la figura jurídica del médico residente, ante ello, la CNDH considera prioritario, en su caso, adecuar y concluir la revisión del proyecto de norma oficial mexicana Nom Proy-Nom-001-Ssa3-2018, Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica.

Exhortó a las autoridades de salud y educativas a generar las acciones pertinentes para garantizar que la profesionalización de quienes se desempeñan como residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus derechos humanos.