n tribunal de Quintana Roo libró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Borge y el ex jefe de la policía poblana Adolfo Karam Beltrán, por la tortura de la informadora Lydia Cacho Ribeiro cometida en diciembre de 2005.
Como se recordará, el delito por el que se busca procesar al ex mandatario priísta y al apodado Rey de la mezclilla fue perpetrado en el contexto de las represalias urdidas por éstos tras la publicación del libro Los demonios del edén, en el cual la comunicadora dio a conocer la red de pedofilia y pornografía infantil liderada desde Cancún por el también empresario y amigo de Nacif, Jean Succar Kuri, quien desde 2004 se encuentra detenido sin que hasta ahora haya sido posible dictarle una sentencia firme debido a los múltiples recursos presentados por su defensa.
Han pasado 13 años desde la detención arbitraria de Cacho Ribeiro en Quintana Roo y su traslado a Puebla, un episodio que constituyó no sólo una grave violación a los derechos humanos de la Lydia Cacho, sino un atropello contra el derecho a la información de las audiencias y, sobre todo, un intento de cerrarle la puerta de la justicia a las víctimas de Succar Kuri.
Ante este triple agravio, es obligado apuntar a los mecanismos institucionalizados de encubrimiento y procuración de impunidades para altos integrantes de la clase política; tales mecanismos no sólo han operado en casos de crímenes sexuales, sino también ante delitos de corrupción, como lo muestra la falta de consecuencias que ha tenido en México el escándalo de Odebrecht, que en otros países ha desembocado en el procesamiento de ex gobernantes y altos mandos del gobierno.
Eso explica que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se expidieran unas órdenes de captura que en las semanas posteriores a la agresión a Cacho Ribeiro habrían debido ser de obvia resolución, toda vez que se contaba con una conversación grabada en la que el político y el empresario conspiraban para atentar contra la periodista y activista.
Si en aquel entonces el clamor social alcanzó para que se liberase rápidamente a la comunicadora, pero no para frenar la embestida judicial emprendida contra ella ni para esclarecer de manera creíble los posibles delitos de los involucrados, debe saludarse que, así sea de manera tan tardía, hoy se presenten señales de una voluntad de esclarecer lo ocurrido, hacer justicia e investigar con rigor si Marín Torres y Nacif Borge son culpables de lo que Lydia Cacho, organizaciones de defensa de los derechos humanos y las pruebas señalan.
De concretarse este cambio de rumbo en el tratamiento del caso, cobrarán sustancia las disculpas públicas ofrecidas por el Estado mexicano el pasado 11 de enero en voz del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, cuando se dio cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para desagraviar a Lydia Cacho, y se expresó el compromiso oficial con una política de defensa de la libertad de expresión y de las garantías fundamentales.
