La oposición en la Cámara de Diputados definió que el memorando del presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional, acusó que violó la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna –que lo obliga a cumplir las leyes aprobadas por el Congreso–, además de que rompió con el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República.

En una serie de respuestas al documento emitido ayer por el Ejecutivo, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, acusó que se trata de un desafío, un intento de usurpación del Congreso. Una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibrio entre poderes. La reforma educativa sigue vigente.

Su compañera de bancada y vice presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri Riancho, exigió una postura de las dos mesas directivas del Congreso, ante la intención presidencial de suplir, sustituir, relevar al Congreso y volverse en gran legislador.

El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que si bien el Presidente sólo puede ser juzgado por delitos graves del orden común, y este no es el caso, los funcionarios que acaten su documento pueden incurrir en responsabilidad penal, administrativa o política. Romero Hicks –quien encabezó la bancada panista en el Senado que validó la reforma de Enrique Peña Nieto– dijo ayer que podrían aplicarse cuatro decisiones para controvertir el documento presidencial: amparos, denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad y juicio político o desafuero contra los funcionarios del gabinete.

Y la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, lamentó la decisión presidencial porque, dijo, cede ante los intereses de un grupo clientelar. Violar la Constitución no es prerrogativa del Presidente, las leyes en vigor deben ser aplicadas. Hacerlo de otra manera es un ultraje al estado de derecho, indicó.

Mario Delgado, coordinador de Morena, sostuvo que el mandatario sí tiene atribuciones para emitir el memorando, pero no precisó cuáles. Incluso emplazó al magisterio a llegar a un acuerdo para aprobar, antes del 30 de abril, el dictamen ya votado por las comisiones.

Ayer, luego del anuncio presidencial, René Juárez refirió que el artículo 49 de la Constitución define que el Presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo. No podrán reunirse dos o más de los poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

Consideró que la orden a los funcionarios del gabinete constituye “un llamado a ignorar el artículo 72 constitucional que claramente establece: ‘sólo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo los mismos trámites establecidos para su formación’”.

La diputada Martha Tagle (MC) sostuvo que ni con todo el poder del presidencialismo mexicano, López Obrador puede dejar sin efecto una parte de la Constitución. La única manera de abrogar la reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado es con otra reforma constitucional, definió.