El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene facultades para abrogar una ley de carácter constitucional con base en un memorando como el que emitió para dejar sin efecto la llamada reforma educativa que se aprobó en la administración pasada, de acuerdo con juristas, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Respecto del documento dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación Públia y Hacienda y Crédito Público, firmado y dado a conocer ayer por López Obrador, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló en su cuenta de Twitter que carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente.

En un segundo mensaje, Cossío refirió: el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y ser emitido por una autoridad competente. Va a ser interesante ver el fundamento de esta orden.

Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que falta fundamento al memorando, y explicó que si bien el Presidente puede dar instrucciones a sus secretarios de Estado internamente, si éstos las acatan y dejan de lado la reforma aprobada por un proceso legislativo, estarían violentando la normatividad constitucional. Los funcionarios saben que no pueden hacer valer un memorando para convertirlo en ley. Así que será responsabilidad de cada servidor público lo que haga a este respecto.

Enrique Díaz-Infante, director del sector de seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señaló que es absurdo e impensable que la secretaria de Gobernación, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero, acate y ejecute los lineamientos marcados por el Presidente. Si ella u otros secretarios lo hacen, pueden enfrentar sanciones penales.

Consideró que López Obrador “sólo está jugando a la política, sabe que no puede abrogar la reforma, pero ha de estar recibiendo presiones muy fuertes del magisterio y entonces lo hace para decirles: ‘yo traté de cumplir mi palabra’”.

Para el doctor en derecho Gustavo Roque, coordinador del diplomado de construcción de paz en la Universidad Ius Semper, “el Presidente es muy cuidadoso en el alcance jurídico que da al memorando, que no tiene fundamentación ni motivación y por tanto no es un documento de tipo jurídico.

Lo que se puede hacer es interpretarlo como un documento de tipo político, ya que va a dar pie a que se cuestione socialmente su emisión señalando que se viola el estado de derecho, lo cual sería sumamente grave, pero analizándolo eso no ocurre, ya que los efectos funcionales lo acerca a lo que se denomina zona de posible acuerdo, ya que él está diciendo a las distintas organizaciones magisteriales que se pueden negociar muchos aspectos, pero que no lo que tiene que ver con la nómina ni las plazas.

El maestro en derecho y catedrático Julio Jiménez Martínez, de la Universidad La Salle, planteó que para derogar la reforma López Obrador podría enviar una iniciativa preferente al Congreso.