Ottawa. Canadá impuso este lunes más sanciones contra Venezuela, mientras China rechazó las mentiras del secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, quien la acusó de prolongar la crisis en el país sudamericano.

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, anunció nuevas penalizaciones a 43 “funcionarios de alto rango del régimen de Nicolás Maduro, gobernadores regionales y personas implicadas directamente en actividades que socavan las instituciones democráticas.

La dictadura de Maduro debe ser responsabilizada por la crisis y por haber privado a los venezolanos de sus derechos y necesidades más básicos. Canadá está comprometida con el apoyo a una restauración pacífica de la democracia constitucional en Venezuela, añadió Freeland.

Canadá ya había emitido sanciones contra otras 70 personas en la nación petrolera.

La cancillería venezolana respondió que Canadá opta por violar descaradamente el derecho internacional, hundiendo las históricas relaciones de amistad entre los pueblos canadiense y venezolano.

El gobierno de China, a su vez, respondió a Estados Unidos luego de que Pompeo lo acusó de prolongar la crisis venezolana. Lu Kang, portavoz de la cancillería, dijo que el funcionario estadunidense había calumniado sin motivos las relaciones entre China y América Latina, y que es Washington el que ve a la región como su patio trasero.

Durante mucho tiempo, algunos políticos estadunidenses han difundido el mismo discurso, el mismo guion de calumniar a China por todo el mundo sembrando discordia. Las palabras y los hechos son despreciables. Pero las mentiras, aunque las digas mil veces, siguen siendo mentiras. Señor Pompeo, pare, exigió el vocero.

Pompeo dijo el fin de semana durante su estancia en Chile: Hay una lección que aprender: China y otros son hipócritas cuando piden la no injerencia en los asuntos de Venezuela, cuando sus propias intervenciones financieras contribuyeron a destruir al país.

Además, acusó a China de invertir más de 60 mil millones de dólares en fondos, sin compromisos, que según él se utilizaron para reprimir a activistas y financiar programas sociales ineficaces.