El 11 de julio de 2012, en Caleta de Campos, Michoacán, Evangelina Contreras declaró que un marino, policías municipales y civiles armados se llevaron a su hija Tania, entonces de 19 años. Ha peregrinado en busca de justicia y para conocer el paradero de la joven. Son siete años de lucha infructuosa.

Asegura saber quién es el autor intelectual de la desaparición, razón por la que ella y el resto de su familia han sido perseguidos y amenazados, por lo que para resguardar su integridad se vieron obligados a dejar su hogar en 2016.

Confió en las instituciones y presentó las denuncias correspondientes, primero en Lázaro Cárdenas y después en Morelia; sin embargo, los agentes del Ministerio Público amenazaron con llevarse a mi otra hija si no cambiaba la acusación contra los responsables, me pedían que señalara a otras personas que no conozco.

Las advertencias se hicieron realidad: el 31 de enero de 2018 sujetos armados levantaron a uno de sus hijos. Gracias al apoyo de diversos colectivos, la fiscalía de desaparecidos de Michoacán logró recuperarlo dos días después. Lo torturaron y estaba herido de bala, pero con vida, y por eso doy gracias a Dios. Gracias a la movilización y al respaldo de algunos medios de comunicación se inició de inmediato la búsqueda y me lo regresaron.

Laura Curiel ha enfrentado también la ineficiencia de los funcionarios de gobierno, en su caso en el estado de México. Su hija Daniela desapareció el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla. Dos son las líneas de investigación, señala, que se deberían seguir: violencia intrafamiliar o trata de personas.

Por desgracia pasó en el estado de México, lo digo porque en esa entidad las autoridades no tienen sensibilidad para entender la dimensión de las desapariciones ni para buscar personas, en particular a mujeres y niñas; no hay estructura para encontrar a alguien y las investigaciones son nulas.

Agrega que en cuatro años cinco agentes del Ministerio Público han atendido el caso y ninguno ha dado resultados.