Miércoles 10 de abril de 2019, p. 25
Juchitán, Oax., El gobierno federal pretende seguir con proyectos que prometen desarrollo desde la perspectiva del capital, y no resolver los problemas de las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, afirmaron integrantes de la Red de Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) sobre la consulta a las etnias para la elaboración del programa de desarrollo de la región, efectuada el 30 y 31 de marzo.
En un informe sobre la consulta, consideraron que es preciso que el gobierno haga las preguntas adecuadas y respete la voluntad que los indígenas expresaron, porque seguir negando su presencia y su derecho a decidir sobre su territorio es continuar invisibilizándolos como sujetos de derecho.
Vemos con preocupación que a pesar de que la consulta ha sido deslegitimada por los mismos pueblos, la respuesta no es resolver los problemas que se van presentando, sino atacar de raíz las causas que generan empobrecimiento y que vulneran a las comunidades originarias. Estas respuestas no vendrán desde afuera
, destacaron los activistas de la Redecom.
En su informe manifestaron que San Mateo del Mar y otros pueblos ikoots (huaves) padecen conflictos internos que impiden el desarrollo social, y tienen décadas sin un sistema de agua potable.
Añadieron que el tejido social de los ikoots se ha fragmentado debido al conflicto por la posesión de predios en la barra de Santa Teresa, donde se generan vientos que podrían servir para eólicas.
Acotaron que en San Miguel y Santa María Chimalapas, los únicos municipios zoques en esta zona de Oaxaca, no se han enfrentado las constantes invasiones de talamontes y ganaderos de Chiapas.
Sostuvieron que la población de San Francisco del Mar no tiene acceso a la energía eléctrica; en Jaltepec de Candayoc un conflicto agrario lleva años sin resolverse.
En sus conclusiones, la Redecom indicó que sucesivos gobiernos han demostrado que no les preocupan las necesidades ciudadanas. Añadió que, ante esta imposición, los pueblos preguntan por qué el gobierno prefiere realizar una consulta en condiciones cuestionables y no garantizar que se respeten los derechos de los pueblos.