l hartazgo ciudadano frente a las diversas formas de la inseguridad que afecta a miles de hombres y mujeres en algunos puntos de la mancha urbana de Ciudad de México (y de muchas otras urbes del país), sumado a la insuficiencia de la vigilancia policial en vastas áreas de la periferia, están tomando un inquietante rumbo: el de la justicia por mano propia. Así, a lo largo de los meses recientes se han producido varios episodios de violencia que culminaron con el linchamiento de personas a las cuales grupos de pobladores enardecidos señalaron como presuntos culpables de distintos delitos –principalmente robos y violaciones– y privaron de la vida en inflexibles juicios sumarios.

Una de las áreas donde el fenómeno ha adquirido características que reclaman especial atención se tiende irregular y parcialmente sobre el suelo de las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, al sureste de la capital mexicana. En la primera de ellas, donde los pasados 5 y 7 de febrero dos hombres fueron muertos a golpes por grupos de residentes locales (una de las víctimas era acusada de exhibicionismo y la otra de violación), la presencia policiaca es virtualmente inexistente: de hecho, sólo hay un policía por cada 772 habitantes, teóricamente distribuidos en los 20 cuadrantes que le asigna la estrategia de acción para una Ciudad de México segura y en paz, diseñada por el actual gobierno.

El puro dato cuantitativo evidencia un problema serio, si se toman en cuenta los índices delictivos de alto impacto que presenta Xochimilco, que al cierre de 2018 lo colocaron en el primer lugar en ese tipo de delitos (no en cifras directas, porque es una de las más grandes y tiene una población comparativamente baja). La situación se agrava cuando se conoce la percepción de inseguridad que tienen los vecinos, quienes cada vez se inclinan más por organizar sus propios mecanismos de defensa comunitaria, ante la convicción de que las policías institucionales no pueden o no quieren hacer frente a los delincuentes. Comprensible o no, el proceso pasa por encima de todos los ordenamientos legales (la Constitución incluida) y amenaza con convertir en letra muerta la noción de estado de derecho.

El artículo 17 de nuestra Carta Magna dispone, en su primer párrafo, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, un principio de gobernanza esencialmente igualitario y compatible con las normas internacionales de derechos humanos. Los linchamientos llevados a cabo en Xochimilco, como los cometidos en su momento en los estados de Puebla, México, Veracruz e Hidalgo, son focos de alerta que las autoridades deben atender con mayor solvencia que la mostrada hasta ahora; pero la tendencia a sustituir a los organismos judiciales institucionales por entidades surgidas de la sociedad civil, difícilmente puede considerarse una salida deseable para el agobiante problema de la inseguridad.